
El segundo despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios archivó la investigación preparatoria a Antauro Humala por los delitos de cohecho activo genérico. Las diligencias contra el líder etnocacerista iniciaron a partir de sus declaraciones. Pese a que las reafirmó ante el Ministerio Público, no se hallaron elementos para formalizar ni continuar con la indagación.
En entrevista con el youtuber Carlos Orozco, el hermano de Ollanta Humala mencionó que “con todas las dificultades que nos ponía el INPE, sacábamos nuestros periódicos, sorteábamos a los carceleros”, por lo que recomendó al vacado expresidente que soborne a un guardia para conseguir un teléfono. “Pedro Castillo se enoja porque no lo dejan llamar […] sobórnate a un INPE, cómprate un celular, arriésgate. Así yo construí un partido desde la prisión […] Eso es la cárcel, yo le he parado la cara”, expresó en setiembre del 2023.
Sus palabras motivaron a que el entonces presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque, inste a la Fiscalía a investigarlo por los sobornos que habría ejecutado mientras cumplía la condena a 19 años de prisión por los delitos de homicidio simple, secuestro, daños agravados, arrebato de arma de fuego y rebelión en el denominado “Andahuaylazo”.
No obstante, durante la indagación, de acuerdo a la resolución a la que accedió Infobae Perú, el hermano de Ollanta Humala ratificó lo expresado, pero con cierta variación. Si bien indicó que no se retracta “en lo absoluto de ninguna de las palabras que señaló en la entrevista”, en la que sostuvo que construyó su partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.) a través de sobornos, ante la Fiscalía expresó que la ayuda por parte del personal penitenciario no fue a cambio de dinero, sino por la “amplia simpatía hacia la causa etnocacerista y una solidaridad patriótica”.

Sobre la situación penitenciaria, ratificó que vio “y es de público conocimiento que en los penales del Perú hay una presencia masiva de celulares clandestinos, por los cuales el grueso personal penitenciario se comunica y esos celulares ingresan por los trabajadores del INPE”. “Lo he advertido durante todo mi periodo penitenciario, inclusive yo veo noticias que se encuentran celulares”, agregó.
Aunque los hechos narrados se encontrarían dentro de los delitos contra la administración pública, en la resolución se aclara que,“en un proceso penal, la sola declaración del agraviado o la de un testigo, no puede tener pleno mérito probatorio y sostener por sí sola una acusación o sentencia condenatoria, a menos que lo declarado se encuentre corroborado con otros medios probatorios, debidamente incorporados al proceso”.
Destacaron también que “ni siquiera es posible determinar la ubicación o fecha del presunto ilícito, no existiendo elementos suficientes que permitan una investigación exitosa sobre un hecho específico”. En relación con la conducta de Humala, si bien la fiscalía advierte que “estaría aconsejando la realización de una conducta ilícita, con base en su experiencia vivida, dejando entrever que así habría procedido con su actuar”, consideraron que una declaración pública no es suficiente para constituirse en prueba de su autoría, teniendo en cuenta el derecho a la no incriminación que lo asiste.

En esa línea, resaltaron que al momento de querer corroborar la presunta conducta ilícita, no fue posible contar con elementos periféricos. “Por ende, no existe un punto de partida para continuar con el recabo de elementos tanto documentales como testimoniales, lo que conlleva a disponer el archivo”, sentenciaron.
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