Por un error de la jueza Irene Hidalgo Armas, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Coronel Portillo, la Corte Superior de Justicia de Ucayali se vio obligada a liberar a siete peligrosos integrantes de la banda ‘Los Hijos de Dios’, un grupo delictivo conocido por sus actividades de extorsión, sicariato, trata de personas con fines de explotación sexual y narcotráfico.
Según las autoridades, esta facción del ‘Tren de Aragua’ operaba principalmente en Lima, Lambayeque, La Libertad y Junín, con presencia también en Huancavelica, Ica, Ucayali, Pasco y Tacna. Un 85% de sus miembros son delincuentes venezolanos y el resto, peruanos. La banda tenía liderazgo en cuatro plazas principales de explotación sexual, bajo la dirección de Enyer Durand Mujica, actualmente prófugo.
Los detenidos, Owell Rafael Corcega Díaz, Carlos Daniel Estrada Villalobos, Jorman Daniel Espinoza Liendo, Yederson Fernando Díaz Pérez, Yerbelis Eugenia Dugarte Vernal, Mariana Antonio Acosta y Tharjta Nathalia, están acusados de delitos de organización criminal, tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas.
La jueza, incluida en la lista de magistrados supernumerarios de 2021 a 2023, dictó prisión preventiva por 18 meses debido a la gravedad de los delitos y el riesgo de fuga. El fiscal Fausto Córdoba solicitó una pena de 30 años de prisión para cada uno. El juicio se inició y se esperaba su conclusión para la segunda semana de diciembre. Sin embargo, un error en la resolución de prisión preventiva no fue advertido a tiempo ni por las autoridades judiciales, la Fiscalía ni por los defensores.
La Corte destacó la posible responsabilidad del Ministerio Público y la Procuraduría en la supervisión de procesos penales, por lo que dispuso el envío de los actuados a la autoridad descentralizada correspondiente para evaluar la actuación de los fiscales involucrados. Asimismo, ordenó el traslado de los expedientes a la Oficina de Control Funcional de la Procuraduría General del Estado para valorar el desempeño del procurador especializado en delitos contra el orden público y del encargado de delitos de tráfico ilícito de drogas.
De acuerdo con La República, en la audiencia del 27 de noviembre, una de las detenidas reclamó por el exceso de tiempo en prisión preventiva. Su abogada solicitó la liberación, un pedido al que se sumaron los demás acusados. Al revisar el expediente, los jueces a cargo del juicio confirmaron que los 18 meses ya se habían excedido, lo que implicaba que no podían imponerles ninguna medida cautelar alternativa.
La jurisprudencia y normativas legales establecen que la prisión preventiva o cualquier medida debe extenderse antes de su vencimiento, es decir, antes del 9 de noviembre. Fuentes citadas por el diario informaron que las autoridades del penal de Pucallpa cumplieron con la orden de excarcelación el viernes pasado. Los siete detenidos regresaron a las calles y ahora se teme que ninguno se presente a la continuación del juicio público.
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