En una conferencia de prensa realizada en Lima, defensores de derechos humanos y del medio ambiente pertenecientes a la Campaña Nacional de Defensores de Derechos Humanos y Ambientales manifestaron su rechazo a la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), una medida que, según denuncian, fomenta la minería ilegal en sus territorios, contamina sus ríos y suelos, y agrava la deforestación en zonas críticas de la Amazonía.
Estas denuncias fueron planteadas durante una serie de reuniones celebradas en Lima los días 6 y 7 de noviembre, que congregaron a defensores y defensoras ambientales de las regiones Amazonas, San Martín, Ucayali, Cajamarca, Apurímac, Puno, Arequipa, Moquegua, Cusco, Piura, Junín y Ayacucho.
Criminalización y desprotección
El Reinfo es un instrumento legal que buscaba regular la pequeña minería y minería artesanal mediante la formalización de mineros informales. Sin embargo, fue señalado en la conferencia como el principal escudo que permite la operación de mineros ilegales bajo un marco legal, lo cual, según los activistas reunidos, les confiere impunidad en zonas de alta biodiversidad.
Apu Jammer Manihuari, representante de la Macro Región Amazónica e integrante de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), expresó: “Están vendiendo, exportando oro con la sangre de nuestros pueblos y de muchos líderes que están muriendo por defender su territorio”, en referencia a los asesinatos de líderes indígenas por intentar frenar la invasión de actividades ilícitas en sus tierras.
Asimismo, la activista Rosa Gómez Nunura señaló que en Piura los agricultores ya han tenido enfrentamientos con la policía para acceder al agua debido a la sobreexplotación de recursos hídricos en la región. “En Piura hay más pozos de petróleo y gas que pozos de agua”, denunció Gómez, quien hizo un llamado urgente al Gobierno para evitar la destrucción de ecosistemas naturales.
Cuestionamientos a la ley
La situación legal del Reinfo, cuya vigencia actual expira el 31 de diciembre de este año, ha abierto un debate en las instancias legislativas peruanas, donde se discute su prórroga o su integración en el proyecto de la nueva “Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal” (Ley MAPE). Sin embargo, la propuesta enfrenta críticas porque Reinfo, a pesar de ser prorrogado hasta cuatro veces, no ha logrado formalizar a una mayoría de los mineros, según la Fundación para la Conservación y el Desarrollo (FCDS), que estima que el 84% de los mineros inscritos no han cumplido con los requisitos.
El rechazo al Reinfo también fue afirmado por el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, quien, en declaraciones recientes a la prensa en La Libertad, señaló que el programa “ha fracasado” en sus objetivos. Castro indicó que solo el 2,44% de los mineros registrados en el Reinfo han logrado formalizarse debido a defectos en el diseño de la normativa. “Una ampliación del Reinfo con nuevas condiciones podría tener más factibilidad”, afirmó, advirtiendo que sin modificaciones, otra prórroga enfrentaría los mismos problemas que llevaron al programa al fracaso.
Próximos pasos
Apu Jammer Manihuari exigió a las autoridades que se esclarezcan las muertes de líderes defensores ambientales y que se ponga fin a la criminalización de sus protestas y luchas. En este sentido, una demanda clave planteada por los defensores es mejorar la efectividad del Mecanismo de Protección a Defensores, que actualmente carece de una articulación preventiva ante ataques y no ofrece garantías para la absolución de defensores acusados sin pruebas.
“Demandamos presupuesto para proteger a los defensores y defensoras, porque, aunque existe un mecanismo intersectorial que nos debe proteger, hay mucha ineficacia por falta de presupuesto”, manifestó Rosa Gómez Nunura.
Los activistas también se manifestaron en contra de la Ley N° 31973, apodada la “Ley Antiforestal”, que consideran una norma “devastadora” para la Amazonía, pues incentiva la tala de bosques sin un adecuado control y supone, según las organizaciones, una violación a tratados internacionales de protección ambiental. Según los defensores, esta ley agrava la situación de inseguridad, no solo por los daños ambientales, sino también porque se suman casos de criminalización de líderes que defienden su territorio.
La Campaña Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Ambientales, respaldada por organizaciones como CooperAcción, Red Muqui y APRODEH, planea continuar sus esfuerzos en el III Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores previsto para 2025, donde esperan fortalecer sus estrategias de defensa territorial y promover leyes que garanticen sus derechos y su seguridad.
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