Susana Villarán, exalcaldesa de Lima entre 2011 y 2014, enfrentará un juicio oral en el que podría recibir una condena de hasta 29 años de prisión. La Corte Superior Nacional informó que Villarán, junto con otras 30 personas, está acusada de recibir financiamiento ilegal de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para sus campañas políticas de 2013 y 2014. La Fiscalía ha formulado cargos por organización criminal, lavado de activos y otros delitos, en relación a estos presuntos actos de corrupción.
Delitos imputados y posible condena
El fiscal José Domingo Pérez ha solicitado una pena de 29 años de prisión para Villarán. La acusación fiscal sostiene que la exalcaldesa habría recibido 10 millones de dólares de Odebrecht y OAS, destinados a financiar la campaña contra la revocatoria en 2013 y la campaña de reelección en 2014. Según el Ministerio Público, estos fondos habrían sido utilizados para asegurar su permanencia en el cargo de alcaldesa de Lima, lo cual, de acuerdo con la Fiscalía, constituiría un esquema de corrupción.
Además de Villarán, otras 20 personas, entre ellas exfuncionarios de la Municipalidad de Lima, y 10 empresas enfrentan el proceso judicial. Entre los acusados figuran exfuncionarios como José Miguel Castro, exgerente municipal, y Gabriel Prado, así como empresas vinculadas a los proyectos de infraestructura en la capital, como Rutas de Lima y JW Thompson. El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria dictó el auto de enjuiciamiento para todos los implicados en este proceso, con cargos de organización criminal, lavado de activos y corrupción de funcionarios. De ser hallada culpable, Villarán se enfrentaría a una de las condenas más severas en casos de corrupción política en el país.
Contexto del caso: la campaña del “No” y el financiamiento de constructoras
El caso remonta a 2013, cuando Villarán enfrentó un referéndum promovido por la oposición que buscaba revocarla de su cargo. En respuesta, la exalcaldesa lideró una campaña por el “No” a la revocatoria, campaña que, según la tesis de la Fiscalía, habría sido financiada con aportes de Odebrecht y OAS. Villarán, quien llegó al cargo con el movimiento político Fuerza Social, fue la primera mujer en asumir la alcaldía de Lima y se mantuvo en el cargo tras lograr el respaldo en el referéndum de 2013. Luego, en 2014, buscaría la reelección, campaña que también habría sido financiada por las constructoras brasileñas. La Fiscalía argumenta que estas donaciones tuvieron un objetivo: favorecer a las empresas en proyectos de infraestructura pública en la ciudad.
A raíz de la investigación, Villarán ha cumplido diversas medidas restrictivas en los últimos años. Ha estado bajo prisión preventiva, arresto domiciliario y comparecencia con restricciones, aunque en 2021 el Poder Judicial rechazó una solicitud para prolongar su prisión preventiva debido a su avanzada edad y problemas de salud asociados a la COVID-19. Sin embargo, las autoridades le impusieron otras restricciones, como el impedimento de salida del país y la obligación de asistir a comparecencias judiciales.
Suspensión de peajes solicitada por la Fiscalía
El fiscal José Domingo Pérez solicitó recientemente al Poder Judicial la suspensión de los cobros en los peajes de la concesión Línea Amarilla, actualmente conocida como Lima Expresa SAC. La solicitud incluye peajes en rutas de Lima, tales como la Vía de Evitamiento, Monterrico, Separadora Industrial y Ramiro Prialé, entre otros. La medida busca impedir el flujo de recursos a las empresas implicadas y asegurar que estos bienes permanezcan bajo el control judicial mientras se desarrolla el juicio.
Como medida complementaria, Pérez pidió que la Municipalidad de Lima, a través de la Empresa Municipal de Peajes S.A. (Emape S.A.), asuma la administración judicial de los peajes. Esta solicitud pretende, según el fiscal, “custodiar los bienes de la concesión” y garantizar que las ganancias de estos activos se preserven mientras avanza el proceso judicial contra Villarán y la empresa OAS.
Se espera que en los próximos días el Juzgado Penal Colegiado Nacional determine aleatoriamente cuál de los cuatro tribunales se encargará del juicio oral, marcando el inicio de una etapa clave en el proceso que definirá el futuro de la exalcaldesa y otros implicados en este caso de presunta corrupción.
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