Expresidente de Osiptel acusa de “asalto ilegal” cambios realizados por la PCM en la dirección del regulador

La designación del nuevo presidente del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros, liderada por el ministro Gustavo Adrianzén, generó la respuesta inmediata del ahora expresidente del ente regulador, Rafael Muente Schwarz, quien acusó al titular de la PCM de elegir “a dedo” a su sucesor.

“Sigilosamente… entre gallos y medianoche, en una edición que salió pasada las 12 a.m. de hoy lunes la PCM de Gustavo Adrianzén consuma el asalto ilegal al Osiptel nombrando a un presidente ejecutivo “temporal””, indicó Muente en horas de la madrugada en su cuenta oficial de X, unos minutos luego de que se publicara en una edición extraordinaria de El Peruano el decreto que oficializa la designación de Ferrer Anivar Rodríguez Rodríguez como nuevo presidente de Osiptel.

El ahora extitular del ente regulador también afirmó que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo “dispone que los miembros de los consejos directivos de los reguladores se eligen por concurso público”. Además, en el artículo 52 de la Ley de Servicio Civil, se indica que los titulares de organismos reguladores -entre los que está Osiptel- son funcionarios públicos de designación y remoción regulada.

Según la resolución suprema que nombra a Rodríguez como titular de Osiptel, el nombramiento de un presidente temporal depende de una ‘suspensión perfecta de labores’ por un periodo mayor a 6 meses, algo que se cumple en el caso de Muente.

El procedimiento para ello presenta dos alternativas: hacer un concurso público o que PCM designe temporalmente al reemplazo. Esta última opción fue la elegida por la gestión del ministro Adrianzén.

Las visitas de Ferrer Rodríguez

En los días previos a su designación temporal como presidente de Osiptel, el señor Rodríguez, quien era hasta ayer el Superintendente Adjunto de la Superintendencia Nacional Adjunta de Administración y Finanzas (Sunat), realizó dos visitas al despacho del ministro Adrianzén. Ambas fueron por motivo de una reunión de trabajo.

Pese a no haber visitado la PCM ni una sola vez durante el año, Rodríguez registra una primera visita al jefe del gabinete de ministros el 19 de septiembre de este año. Según el registro virtual de la entidad, el encuentro duró 2 horas.

Más de un mes después, se produjo una segunda visita a la sede de la PCM el 28 de octubre, una semana exacta antes de su designación como presidente temporal de Osiptel y tres semanas luego de la oficialización de la suspensión de Muente de su cargo en la entidad.

En esa oportunidad el señor Rodríguez no se registró como representante de Sunat, sino como persona natural y tuvo una reunión de trabajo con Aldo Prieto, jefe del gabinete de asesores del despacho de Adrianzén. El encuentro duró 52 minutos.

Expresidente de Osiptel había sido suspendido

Muente fue designado como titular de Osiptel en mayo del 2022 y su periodo a cargo de la entidad debía finalizar en el año 2026 (4 años), pero fue suspendido de su cargo sin goce de haber en octubre de este año por un reportaje en el que se reveló que pagó con dinero público un curso de posgrado en España. El monto que se desembolsó para dicha capacitación fue de S/ 57.250.

En su momento, Contraloría comunicó a Servir que no hubo ningún tipo de irregularidad en la solicitud para el postgrado del presidente ejecutivo de Osiptel. Incluso, otras entidades se pronunciaron en la misma dirección. No obstante, igual se optó por sancionarlo.

Por su parte, Muente mencionó que el procedimiento administrativo iniciado en su contra, el cual “excedió todos los plazos legales y quebró todas las reglas del debido proceso”, fue resuelto por el jefe del gabinete ministerial, “quien está incurso en la causal de abstención por su carencia de imparcialidad”.

De acuerdo al documento, la enemistad por parte del premier deviene de una relación profesional accidentada que data de hace casi 10 años. En ese entonces, anunció que recurrirá “a todas las instancias legales a fin de salvaguardar su honor, dignidad y derecho a laborar”.