Cuando los transportistas, junto a gremios de empresarios de Gamarra, comerciantes y bodegueros, marcharon hacia el Congreso de la República, el último 23 de octubre, exigiendo medidas más efectivas contra la inseguridad ciudadana y la criminalidad organizada, el parlamentario de Renovación Popular, Alejandro Muñante, les sugirió que la manifestación sea hacia el Poder Judicial o el Ministerio Público.
Según el congresista, desde la Representación Nacional ya se promovieron iniciativas para frenar la ola de delincuencia, como la cadena perpetua para delitos de extorsión y sicariato, sanciones para jueces y fiscales que liberen delincuentes, y la modificación de la Ley N° 32108.
Sin embargo, la realidad es algunos sectores del Congreso continúan promoviendo iniciativas que favorecen el crecimiento de bandas delincuenciales que están atrás de las economías informales, como la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y la formalización de los autos colectivos.
Reinfo
El Reinfo se creó con la finalidad de que las personas que se dedicaban a la minería artesanal o informal puedan legalizarse. La intención de este registro es que quienes se inscriben, pueden operar maquinaría y herramientas, sin que la Policía se las decomise, mientras en paralelo realizan el proceso de formalización.
Pese a eso, la Comisión de Energía y Minas está considerando extender la vigencia del Reinfo hasta el 2026. Es así que, en lugar de presentar una medida efectiva que ayude a formalizar esta industria y combata la minería ilegal, lo que están haciendo los parlamentarios es extender un permiso que ya está probado, no es útil.
Por ahora, el dictamen ha pasado a un cuarto intermedio y el texto se está trabajando. Por un lado, la congresista de Avanza País, Diana Gonzáles, cuestionó al Ejecutivo por la demora en presentar el proyecto de ley de Promoción y Fomento de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal (MAPE). Esta iniciativa podría proponer la eliminación del Reinfo para sustituirlo por una normativa más eficiente.
Por otra parte, el presidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez, del Bloque Magisterial, defendió la importancia de mantener el Reinfo, argumentando que beneficia a los mineros informales y descartó que favorece la minería ilegal.
En medio de estos desacuerdos, Máximo Bequer, presidente de CONFEMIN, que agrupa a mineros informales, confirmó la participación de este sector en las paralizaciones convocadas para los próximos 11, 12, 13 y 14 de noviembre, de no aprobarse un dictamen favorable.
Formalización de colectivos
La otra cara de la historia es la formalización de los colectiveros. La Comisión de Transportes aprobó un predictamen que busca regularizar esta actividad, permitiéndoles operar en rutas ya cubiertas por el transporte formal, como los Corredores, el Metropolitano y el Tren Eléctrico. Esta medida tiene como objetivo mejorar la seguridad de los pasajeros mediante la creación de registros de empresas que gestionarán el servicio, y propone que la Sutran sea la entidad encargada de supervisar su operación.
Sin embargo, la propuesta no ha estado libre de críticas. La Autoridad de Transporte Urbano manifestó su preocupación ante el incremento de este tipo de servicios no autorizados, que se han convertido en una de las principales causas de caos en las vías públicas.
Por su parte, Gerardo Hermoza, vocero del Corredor Morado, expresó en una entrevista a Panamericana, sus dudas sobre la capacidad de la Sutran para llevar a cabo una supervisión efectiva, señalando que actualmente no cuenta con los recursos necesarios. En esa misma línea, Edwin Derteano, director de Transitemos, advirtió que esta formalización podría llevar a que las empresas de transporte formal abandonen el servicio, complicando aún más el panorama del transporte urbano.
Mientras que sus defensores, como el congresista Guido Bellido, insiste en que este medio transporte ayuda a cubrir una necesidad real de miles de usuarios que lo necesitan para trasladarse. Sin embargo, hay que recordar que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la norma que formaliza los colectivos al interior del país al por atentar contra la seguridad vial y la del consumidor.
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