En la agenda de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, presidida por el legislador Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, se encuentra pendiente debatir el proyecto de ley que plantea conceder amnistía a los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y funcionarios del Estado sin sentencia por los presuntos delitos ocurridos durante la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.
En abril de este año, el congresista Jorge Montoya, en ese momento parte de la bancada de Renovación Popular (ahora en Honor y Democracia), presentó ese proyecto de ley n.º 7549-2023-CR.
La propuesta estaba programada para que sea sustentada ayer, martes 15 de octubre, pero se pidió la reprogramación de la exposición a dicha comisión parlamentaria.
Infobae Perú contactó con el congresista Rospigliosi, titular de la Comisión de Constitución, para conocer la fecha en que se verá el proyecto, y respondió que esto sucederá probablemente en la sesión del próximo martes 29 de octubre.
Fuentes parlamentarias indicaron a nuestro medio que el congresista Montoya pidió la reprogramación por “temas de salud” y debido a que ya tenía programada una cita médica con anterioridad.
En el dictamen se argumenta que han pasado más de 24 años desde los hechos, lo que justificaría la aplicación del principio jurídico del plazo razonable.
Además, la iniciativa de Montoya subraya la necesidad de regularizar la situación de dichos individuos, destacando que aquellos que defendieron el orden constitucional y democrático no deberían enfrentarse de manera indefinida a investigaciones o procesos penales.
La Comisión de Constitución está integrada por Acción Popular, Bloque Democrático Popular y Juntos por el Perú-Voces del Pueblo. Los dos últimos grupos van en la línea que no es saludable aprobar la iniciativa. En tanto, la ‘bancada de la lampa’ considera que se debe analizar el proyecto con mucha responsabilidad.
Jo-Marie Burt, politóloga y docente de la George Mason University, ha sido una de las figuras que ya cuestionó la posible aprobación del proyecto. Calificó la iniciativa como un intento de beneficiar a violadores de derechos humanos y una muestra de lo que ella denominó “montecinismo”, en alusión a la política de amnistías del pasado.
Además, recordó el apoyo de Montoya al autogolpe de Fujimori, lo que refuerza la percepción de su cercanía a políticas y figuras cuestionadas del pasado reciente del país.
ONU pide que Perú informe
De otro lado, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó al Perú que informe qué medidas han adoptado para garantizar que la llamada ‘Ley de Amnistía’, promovida por el Congreso de la República, no viole los derechos de las víctimas de desaparición forzada.
En ese sentido, invitó al Estado que responda esta y otras preguntas en un “diálogo constructivo” de una hora y media, que tendrá lugar en el 28.º periodo de sesiones del organismo, en marzo del 2025.
Este pedido se realizó a través de un comunicado del miércoles 9 de octubre, donde se presentaron las observaciones finales a países como Ucrania, Noruega y Marruecos.
Como se recuerda, expertos advirtieron que esta propuesta legislativa, finalmente aprobada por el Parlamento, permite la prescripción de delitos de lesa humanidad y limita las capacidades de investigación y enjuiciamiento de crímenes cometidos antes del año 2002.
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