Autogolpe de 1992: así fue el día en que Alberto Fujimori cambió la historia del Perú

A lo largo de la historia del Perú han pasado días que han pasado a la posteridad por alguna razón u otra. Una de ellas, y caso la más traumática de los últimos 40 años, ha sido lo que ocurrió el 5 de abril de 1992, cuando se rompió el orden constitucional para entrar a una dictadura que duró hasta el año 2000.

En esta fecha, el presidente Alberto Fujimori protagonizó lo que se conoció como el “autogolpe de Estado”, un acto político que sacudió los cimientos de la democracia peruana y desató una serie de consecuencias políticas, sociales y económicas de gran alcance.

El autogolpe de 1992 fue el resultado de una serie de tensiones políticas y económicas que habían estado creciendo en el país durante años. Alberto Fujimori había asumido la presidencia en 1990 con un fuerte respaldo popular, prometiendo combatir la corrupción, la violencia y la crisis económica que azotaban al país.

Ante la negativa del Parlamento para otorgarle amplios poderes para legislar sin fiscalización, Fujimori tomó la decisión de disolver el Congreso de la República el 5 de abril de 1992. Esta medida, que fue justificada como un intento de restaurar el orden y enfrentar la crisis política y económica que enfrentaba el país, fue recibida con una mezcla de apoyo y condena tanto dentro como fuera de Perú.

Los defensores del autogolpe argumentaron que era necesario para poner fin al estancamiento político y permitir al gobierno tomar medidas decisivas para enfrentar los desafíos que enfrentaba el país. Se destacó la necesidad de implementar reformas económicas urgentes, combatir la corrupción y la violencia, y restaurar la estabilidad política y social.

Sin embargo, los críticos del autogolpe condenaron la medida como un ataque a la democracia y al Estado de derecho. Se argumentó que Fujimori había violado la constitución y usurpado el poder del Congreso y del Poder Judicial, socavando así las instituciones democráticas del país.

Además, se denunciaron los abusos contra los derechos humanos perpetrados durante el gobierno de Fujimori, incluidas las violaciones de los derechos civiles y políticos, la censura de los medios de comunicación y la persecución de opositores políticos.

A nivel internacional, el autogolpe de Fujimori fue ampliamente condenado por la comunidad extranjera, que lo consideró un ataque a la democracia y al Estado de derecho. Se impusieron sanciones y se suspendieron las relaciones diplomáticas con Perú en respuesta al golpe de Estado, lo que tuvo graves consecuencias económicas para el país.

A pesar de las críticas y las sanciones internacionales, Fujimori logró mantenerse en el poder y consolidar su autoridad. Convocó a elecciones para un nuevo congreso, que redactó una nueva constitución en 1993.

Durante su gobierno, Fujimori implementó una serie de reformas económicas radicales conocidas como el “Fujishock”, que incluyeron la privatización de empresas estatales, la liberalización de los mercados y la reducción del gasto público.

A pesar de las controversias y las críticas, el gobierno de Fujimori logró estabilizar la economía peruana y reducir la violencia y el terrorismo en el país. Su gobierno fue ampliamente respaldado por sectores de la sociedad peruana que valoraban su mano dura contra la delincuencia y la corrupción.

Sin embargo, su legado sigue siendo objeto de debate y controversia en Perú, donde todavía se recuerda con amargura el autogolpe de 1992 y sus consecuencias para el país y su democracia.