La madrugada de este martes la Policía Nacional del Perú, en coordinación con la Fiscalía, realizaron un megaoperativo contra una banda criminal que se dedicaría a la extorsión y tráfico ilícito de drogas en Supe y en Barranca. Sin embargo, en un principio no pudieron ingresar a todos los domicilios que se propusieron debido a la Ley sobre crimen organizado del Congreso de la República que impide este tipo de intervenciones sin la presencia del investigado y sus abogados.
Pese a que los efectivos y el ministerio público tenían orden de descerraje y allanamiento para intervenir los inmuebles donde operaba la banda ‘Los Sanguinarios de Chocoy’ pero tuvieron que esperar hasta más de tres horas.
”Se han allanado 10 viviendas. Tenemos hasta el momento cinco detenidos. El operativo ha contado con la autorización judicial. Aún se están realizando los allanamientos. Es una investigación en el marco de un delito y contra una banda criminal ligada al delito de extorsión. (...) En este momento se está contando con tres defensores públicos. Es cierto que están a la espera ya que aún no tienen abogado particular”, señaló al respecto el fiscal de primer despacho de investigaciones de Barranca, Antoni Moreno Torres.
El fiscal agregó que el juez del Primer Juzgado de investigación preparatoria ordenó prisión preliminar por siete días contra los intervenidos.En los inmuebles que se pudieron allanar se encontraron artefactos explosivos, droga y celulares donde habría registro de números de víctimas de extorsiones. Además, gracias a que sí llegó uno de los abogados de los detenidos, en la revisión de una de las casas se encontró una mini uzi, según reportó el medio Exitosa Noticias.
La intervención se inició a las tres de la mañana. Los policías y los miembros de la Fiscalía estuvieron esperando afuera de las viviendas a las cuales no podían ingresar al menos hasta pasada las 6 de la mañana.
Ley sobre el crimen organizado
En agosto de este año se publicó la Ley 32108 que modifica el artículo 2 de la Ley 27379, Ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares con el objetivo de establecer la presencia obligatoria del abogado o el involucrado en allanamiento durante el registro.
La Ley 32108 aprobada por el Congreso, ha sido criticada por debilitar la lucha contra el crimen organizado, ya que cambia la tipificación del delito de organización criminal, y establece que los allanamientos judiciales se hagan con la presencia del investigado y sus abogados.
”Allanamiento de inmuebles o lugares cerrados fuera de los casos de flagrante delito o de peligro inminente de su perpetración, siempre que existan motivos razonables y suficientes elementos probatorios para ello. La medida está destinada a registrar el inmueble y, de ser el caso, a su incautación. El registro se realiza con presencia del interesado y de su abogado. De no contar con abogado, se le proporcionará uno de oficio. La solicitud y la resolución judicial indicarán expresamente la finalidad del allanamiento y registro”, señala la ley.
Ante este hecho, a principio del mes la Defensoría del Pueblo presentó al Congreso un proyecto de ley para que se modifiquen algunos artículos de la Ley 32108, por medio de la cual fueron cambiados distintos aspectos de la legislación sobre allanamientos judiciales, lo que ha sido interpretado por las instituciones encargadas de perseguir el delito como una limitante para ejercer sus funciones.
”La iniciativa legislativa presentada por el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, plantea que para el ingreso a los inmuebles no sea necesaria la presencia del abogado defensor. De esta forma, se busca que las diligencias de allanamiento no se vean frustradas ni dilatadas aduciendo la falta de un abogado defensor, lo que redundará en una mejor efectividad de estas medidas que buscan recoger evidencias en investigaciones contra organizaciones criminales”, señala la Defensoría del Pueblo.
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