La Junta de Portavoces acordó convocar a un Pleno extraordinario del Congreso de la República para este viernes 11 de octubre, con el fin de debatir el proyecto de ley sobre terrorismo urbano, así como la modificatoria a la Ley 32108 sobre el crimen organizado.
El presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, señaló que la sesión iniciará a las 14:00 horas, y la modalidad será semipresencial.
Indicó, además, que también se ha priorizado en la agenda el debate de dos iniciativas legislativas referentes a la sanción de jueces y fiscales que liberen a sujetos detenidos en flagrancia delictiva.
Finalmente, acotó que se acordó que el Parlamento publique un comunicado sobre las atribuciones y responsabilidades que tiene cada entidad pública en cuanto a la lucha contra la delincuencia.
Este pronunciamiento, que se planea difundir, tiene relación con lo expresado por congresistas como José Williams, de Avanza País; y Alejandro Muñante, de Renovación Popular, quienes afirmaron que la responsabilidad y la solución a los casos de extorsión y sicariato en Lima la tiene el Poder Ejecutivo y los operadores de justicia, es decir, el Poder Judicial y el Ministerio Público.
¿Qué piden los transportistas?
Durante una reunión con representantes de diferentes bancadas del Congreso, Richard Bernachea Villanueva, presidente de la alianza gremial nacional de transportista del Perú, indicó que los manifestantes buscan que el Parlamento apruebe leyes que sean humanitarias.
En ese sentido, sostuvo que es un “hostigamiento de parte del Estado” tratar de promover una ley sobre terrorismo urbano.
Por su parte, el abogado de los protestantes, sugirió a los legisladores que votaron a favor de la Ley 32108 de “recapacitar”, ya que “han facilitado el crimen”.
“Uno señaló que era falso (...) Es una ley modificatoria que modifica la 30077, que modifica el código penal, en el artículo 37, e inventa otros elementos normativos, y dice que para ser organización criminal tiene que tener una estructura desarrollada, o sea que los sicarios no pueden ser organización criminal, porque tienen que comprobarse la estructura desarrollada, o se elevan la carga probatoria a la Fiscalía y ustedes le echa la culpa a la Fiscalía”, manifestó.
“Quizás la Fiscalía cometa sus errores, pero ustedes faciliten el crimen. Los congresistas que votaron por esta ley tienen que asumir su responsabilidad política”, añadió.
Respuesta del Gobierno
En horas de la noche de este jueves 10 de octubre, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, brindó una conferencia de prensa para difundir un balance de las movilizaciones.
Durante su intervención, el premier resaltó que el 80% de funcionarios públicos asistió a sus centros de labores, aunque las calles de la ciudad estuvieron desiertas en gran parte del día. Además, aseguró que en el Gobierno de Dina Boluarte “el derecho a la protesta se ejerce a plenitud”, a pesar de que se registró represión policial por parte de las fuerzas del orden en las inmediaciones del Congreso, exactamente en la avenida Abancay.
Luego, negó que con su propuesta de una Ley de terrorismo urbano se pretenda suprimir el derecho a la protesta. No obstante, de acuerdo al texto de la iniciativa se plantea aplicar 30 años de cárcel a personas que “causen terror” al obstaculizar vías, una práctica que ya se encuentra tipificada dentro del delito de secuestro en el Código Penal Peruano.
Por otro lado, criticó las reivindicaciones políticas durante la movilización, como la renuncia de Boluarte y el cierre del Poder Legislativo.
Este mismo día, pero más temprano, la mandataria, dijo que la inseguridad ciudadana era un “problema heredado de años anteriores, pero lo enfrentamos con firmeza, responsabilidad y un gran amor por la patria”.
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