En un llamado a la protección de sus territorios, las comunidades indígenas de la Amazonía peruana han solicitado al Gobierno la anulación de las concesiones mineras que afectan sus tierras, así como el cierre del proceso de formalización del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), liderado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
Esta demanda surge en respuesta a los graves impactos ambientales y de salud provocados por la minería ilegal de oro en la región. Durante el III Encuentro entre AIDESEP y las Autonomías Territoriales (GTA), denominado “Defensa de la Amazonía ante el infierno minero”, los líderes indígenas expresaron su preocupación y exigieron acciones inmediatas.
Jorge Pérez Rubio, presidente de AIDESEP, destacó que los pueblos indígenas del Oriente presentarán un pliego de demandas al Gobierno central para detener toda actividad minera, tanto legal como ilegal, en sus territorios.
Clauber Tangoa, líder del gobierno territorial autónomo de la Nación Sahwi, subrayó que la minería ilegal en la Amazonía libera más de 185 toneladas métricas de mercurio al año.
Estos vertimientos afecatan ríos y suelos, y provocando graves problemas de salud, como cáncer y malformaciones, especialmente en niños y mujeres. Tangoa criticó el REINFO, el cual, según él, ha servido para encubrir a los mineros ilegales.
Minería ilegal de oro, ríos destruidos ante la inoperancia del Estado
El impacto ambiental de la minería ilegal es devastador. Según datos presentados en el encuentro, 22 ríos amazónicos han sido contaminados, afectando la biodiversidad y el equilibrio ecológico que las comunidades indígenas han protegido durante siglos.
Esta situación se agrava debido al aumento del precio global del oro, del cual el 70% de lo que exporta Perú proviene del mercado ilegal.
Alfredo Vargas, presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), denunció que el Gobierno peruano tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas, otorgando derechos sobre territorios comunales sin consulta previa.
Por su parte, Gil Inoach, presidente del Gobierno Territorial Autónomo Awajún, señaló que el presupuesto destinado a la lucha contra la minería ilegal es insuficiente, siendo nueve veces menor que el destinado a la represión de conflictos sociales.
Inoach también mencionó que han solicitado a las embajadas de Suiza, Estados Unidos, India y Arabia Saudita que suspendan sus compras de oro hasta que se garantice que no proviene de actividades destructivas para la Amazonía.
En la región existen más de 30.754 concesiones mineras tituladas y 9.428 en trámite, muchas de ellas en territorios indígenas y áreas protegidas.
La minería ilegal ha afectado más de 2 millones 491.390 hectáreas, con la deforestación de 115.000 hectáreas de bosques, dejando a las comunidades locales vulnerables ante la destrucción ambiental. Además, más de 84.529 mineros informales operan en la Amazonía peruana, de los cuales 64.255 han sido suspendidos del proceso de formalización.
Amazonía y devastación aurífera
La minería ilegal de oro genera la afectación de 32 distritos amazónicos y 22 ríos (Marañón, Huallaga, Santiago, Nanay, Napo, Mazán, Curaray, Putumayo, Tapiche,Yaguas, Cenepa, Pachieta, Pozuzo, Yuyapichis, Inambari, Madre de Dios, Malinowski, Punkiri, Pariamanu.
Los alimentos tradicionales, como el pescado, están contaminados, lo que ha afectado la seguridad alimentaria y ha incrementado la dependencia de productos externos.
Para las comunidades, el INGEMMET debe desestimar las 11 concesiones mineras por 11.000 hectáreas de la empresa de Canadá First Quatum Minerals (FQM) porque se superponen a 8 comunidades Shawi, en Balsapuerto: Puerto Libre, Nueva Luz, San Lorenzo, Nuevo Barranquita, Cachiyacu, Bellavista, Nuevo Junín, Churuyacu.
Además, los defensores ambientales proponen condicionar el ingreso del Perú a la OCDE a una contención y reducción concreta de la destrucción creciente de la Amazonía por la minería aurífera.
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