La minería ilegal podría generar montos por hasta US$4.000 millones este año. Así lo advierte Elmer Cuba, economista y socio de Macroconsult, quien explica que este incremento se debe al alza en el precio del oro, que ha superado los US$2.500 por onza, y a la insuficiente capacidad del Estado para controlar y erradicar esta actividad ilícita.
¿Qué otras razones explican el crecimiento de la economía ilegal?
Asimismo, Cuba destacó que el oro es un mineral altamente líquido y fácil de contrabandear, a diferencia de metales como el cobre y la plata, lo que facilita su venta a diversos compradores. Esto ha sido un factor clave para el crecimiento del delito, pues, históricamente, el precio del oro solía ser inferior a los US$1.000 por onza.
En esa línea, el experto recordó que la minería ilegal no contribuye con impuestos ni regalías al Estado, en contraste con las empresas mineras formales, que aportan alrededor del 40% de sus utilidades a través de impuestos y regalías. “Los mineros ilegales no dejan nada al Estado, y están usurpando un recurso que pertenece a toda la Nación”, enfatizó.
Ante ello, el especialista sugirió que resulta más efectivo y menos riesgoso utilizar unidades de inteligencia financiera y el Poder Judicial para enfrentar a los grupos dedicados a la economía ilegal, en lugar de destruir maquinaria y centros de operaciones.
Otros puntos débiles del Gobierno
En el mismo marco, César Ipenza, reconocido abogado en derecho ambiental, resalta que para combatir de manera eficaz esta actividad es necesaria la implementación del Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro (Recpo), pendiente desde junio de 2021. Dicho registro es una medida crucial para rastrear la producción y comercialización del oro.
Adicionalmente, indica que es importante fortalecer la fiscalización y el control de insumos como combustible, mercurio y cianuro, utilizados para realizar la extracción ilícita de minerales. Un control inadecuado de estos recursos permite que la minería ilegal continúe prosperando bajo una fachada de legalidad.
Sin embargo, hasta ahora, la falta de medios adecuados sigue debilitando las políticas contra el delito, que continúa siendo lucrativo y con bajo riesgo de sanción.
Esto se evidencia en las falencias del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que, según afirman especialistas, es mal utilizado por mineros ilegales para operar con impunidad. Por ello, sostienen que es necesario sincerar el registro y garantizar que solo los mineros formales estén amparados.
Además, otro de los puntos que preocupa a la sociedad civil es la visión de Rómulo Mucho, titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), sobre el tema, quien ha declarado que la responsabilidad de combatir la minería ilegal recae exclusivamente en el Ministerio del Interior (Mininter) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.).
Esto debido a que, asegura, el rol de su ministerio se limita a la regulación y formalización de la minería legal, no a la intervención directa contra actividades ilegales.
No obstante, especialistas alertan que restringir la responsabilidad a estas entidades es un error, pues, si bien la Policía o el Ministerio Público realizan acciones de interdicción, no hay un compromiso real y coordinado de otras instituciones del Gobierno, como el Ministerio de Energía y Minas, del Ambiente, Salud y Mujer y Poblaciones Vulnerables.
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