El Poder Judicial ordenó la incautación preventiva de una motoniveladora de la empresa Multiservicios y Constructora JJJ Cruz E.I.R.L, cuya representante legal es Sara Gutiérrez Condor, hermana del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez. Así lo había solicitado la Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de Huánuco.
La incautación del vehículo valorizado en S/823,218 estuvo a cargo de la División de Control Operativo – Grupo Operativo de la Intendencia de Aduanas Pucallpa (Sunat). En ese momento, Lenin León se encontraba conduciéndolo en la Carretera Central, en el distrito de San Rafael, provincia de Ambo; se dirigía de Huánuco a Lima.
La entidad autónoma aclaró que el conductor no contaba con los permisos requeridos para que la máquina circule por esa zona. Debido a esto, señalaron que es posible que esté involucrada en actividades ilegales de contrabando.
Además, se explicó que la medida cautelar fue concedida después de que se demostró que los hechos sucedieron tal como se describieron. En la acusación mencionada, también se consideró “el peligro en la demora, la razonabilidad y la proporcionalidad de la medida”.
Finalmente, el Ministerio Público indicó que después de que se admitiera la demanda, se llevaron a cabo las audiencias de inicio y de actuación probatoria, concluyendo con los alegatos finales el 26 de junio de 2024, y ahora se espera que el juez de Extinción de Dominio de Huánuco emita su sentencia.
Recientemente, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, admitió que no consultó con expertos externos a la institución para elaborar el informe y la demanda de inconstitucionalidad que presentó contra la ley de extinción de dominio (decreto legislativo 1373).
El excongresista negó que el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) vaya a favorecer a la criminalidad, narcotráfico, minería ilegal, sicariato, extorsión, entre otros delitos, como ha advertido el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).
Según Gutiérrez, la ley de extinción de dominio vulnera el derecho de propiedad, la presunción de inocencia, y los principios de tipicidad y no retroactividad de la ley.
Además, afirmó que ha sido sensato y prudente al argumentar que ciertos artículos y numerales del decreto legislativo 1373 atentan contra los derechos humanos.
Precisamente gracias a la ley de extinción de dominio, la Fiscalía logró incautar las cuentas bancarias de Vladimir Cerrón.
Vladimir Cerrón se pronunció desde la clandestinidad después de que la Fiscalía de la Nación incautara S/ 1′613.512,43 de sus cuentas bancarias. Esta acción es parte de una investigación sobre un supuesto incremento patrimonial no justificado, que las autoridades creen podría estar relacionado con actividades ilícitas.
El líder de Perú Libre, quien actualmente se encuentra prófugo, ha negado desde un lugar no revelado que exista algún desbalance en su patrimonio.
La incautación de más de S/ 1,6 millones se debe a una medida cautelar solicitada el 2 de agosto por la Tercera Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima. La fiscalía argumenta que esta suma forma parte de un desbalance patrimonial identificado en un informe pericial contable que abarca el periodo de 2008 a 2021.
El Juzgado Especializado de Extinción de Dominio de Lima aprobó la medida cautelar para asegurar el resultado final del proceso judicial en curso. Este proceso busca determinar el origen del incremento patrimonial de Cerrón, ya que no se justifica por su trabajo como médico ni por su tiempo como gobernador regional de Junín entre 2011-2014 y en 2019.
La Fiscalía de Lavado de Activos sostiene que existen suficientes indicios de que el incremento patrimonial proviene de actividades ilícitas, basándose en las condenas previas de Cerrón por corrupción de funcionarios, relacionadas con los casos de la “Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de La Oroya” y el “Aeródromo Huanca”.
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