Edgardo Rodríguez Gómez, director general de la Dirección General de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), se mostró en contra del proyecto que busca la prescripción de crímenes de lesa humanidad, al declararlo como inviable cuando se encontraba en discusión dentro del Congreso. Ahora que este proyecto de ley ya fue promulgado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos solicitó su renuncia del cargo mencionado.
El pasado 14 de agosto, un funcionario que labora en el viceministerio de Derechos Humanos pidió al jefe del área que renunciara. De acuerdo con el medio digital Epicentro.pe, esta solicitud se basó en una orden de la alta dirección. Por esto, Rodríguez presentó su renuncia.
En su puesto quedó a cargo Sara Evelyn Farfán Cuba, lo que fue oficializado a través de una publicación en el diario El Peruano.
Cabe recordar que el informe de Rodríguez calificaba de inviable el proyecto de la llamada ‘ley de impunidad’ y fue presentado el 12 de marzo de este año, aunque ni el Congreso ni el Minjus lo consideraron.
El documento contaba con las firmas del especialista en Asuntos Internacionales, Hugo Torres Armas; la directora de Asuntos Internacionales, Promoción y Adecuación Normativa, Tania Arzapalo Villón; y el propio Director General de Derechos Humanos, Edgardo Rodríguez Gómez.
El contenido señalaba que el Poder Ejecutivo no debía eludir su responsabilidad de sancionar a quienes resultaran culpables de violaciones de derechos humanos.
También se hizo hincapié en que no es necesario que haya existido un tipo penal antes de que se cometieron un delito de lesa humanidad.
“La punibilidad de los crímenes de lesa humanidad deviene del propio Derecho Internacional (público), por lo que resulta irrelevante para tales efectos su nula o inadecuada implementación en la legislación penal interna de los Estados”, presentó la Dirección General de Derechos Humanos al Congreso.
Ministro de Justicia responde sobre ley de delitos de lesa humanidad
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, se pronunció frente a las solicitudes del Ministerio Público y de la Conferencia Episcopal Peruana para revocar la ley que propone la prescripción de delitos de lesa humanidad ocurridos antes de 2002. Dicha ley, promulgada por el Congreso, beneficia a militares y al exdictador Alberto Fujimori, evitando que sean condenados por masacres cometidas antes de ese año. La falta de observaciones por parte del Poder Ejecutivo permitió que el Parlamento la oficializara.
Frente a esta situación, tanto la Fiscalía como el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana instaron al Estado peruano a adoptar medidas que impidan la aplicación de la mencionada ley.
En una conferencia de prensa, el ministro de Justicia manifestó su respeto por las posturas de ambas instituciones, aunque aclaró que el Poder Ejecutivo no intervendrá.
Explicó que la única forma de anular esta ley es a través de una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y dejó claro que el gobierno de Dina Boluarte no participará en dicho proceso.
“Siendo respetuosos, también consideramos que los mecanismos constitucionales que se puedan disponer en contra de esta ley ya corresponde a ellos hacerlo y desde el gobierno nosotros vamos a tener que estar al margen de ello. Le corresponderá al Congreso responder desde su procuraduría los inconvenientes o aquellos aspectos que desde estas instituciones consideren que no son aplicables”, respondió.
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