Aunque la protesta generada de forma espontánea por la presencia Patricia Chirinos en el bar ‘La Noche’ de Barranco ocurrió durante el fin de semana, es recién ahora que la Mesa Directiva del Congreso se pronunció en contra de lo ocurrido la madrugada del domingo en el local y condenó los actos de violencia registrados en videos y que se difundieron en redes sociales.
En el comunicado publicado en su cuenta de x -antes Twitter-, los parlamentarios que integran la Mesa Directiva del Congreso: Eduardo Salhuana (Alianza Para el Progreso), Patricia Juárez (Fuerza Popular), Waldemar Cerrón (Perú Libre), y Alejandro Cavero (Avanza País), sostienen que “rechazamos la agresión sufrida por los congresistas Patricia Chirinos y Luis Aragón, quienes fueron víctimas de violencia física, insultos y frases agraviantes”.
Finalmente, se ‘exige’ a las autoridades a que las personas que participaron de estos actos sean sancionadas “y que tan censurables conductas no vuelvan a ocurrir”.
La respuesta de Patricia Chirinos: Su dedo medio
En los videos que se viralizaron en las diversas plataformas de redes sociales se pudo ver cómo uno de los manifestantes lanzó un objeto, que sería un vaso de vidrio, hacia la congresista Chirinos, aunque este se rompió en la mesa donde se encontraba junto al congresista Aragón.
Al ser forzada a salir del recinto, la legisladora respondió a los agravios enseñando el dedo medio. En el momento del incidente, Luis Aragón (Acción Popular), también grabó el hecho con su celular.
Ley que prescribe los delitos contra los derechos humanos: Sin observaciones del Ejecutivo
El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha optado por no cuestionar la ley promovida por el fujimorismo, que establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad y que fue discutida por diversas organizaciones nacionales e internacionales que llegaron a criticar la norma promovida desde el Congreso.
El plazo límite de 15 días para observar la ley se cumplió este viernes 2 de agosto, lo que implica que la autógrafa retornará al Congreso de la República para su eventual promulgación. Esta ley, impulsada por los congresistas Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y José Cueto (ex Renovación Popular, ahora en la bancada Honor y Democracia), beneficiaría a individuos juzgados o condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante los años ochenta y noventa.
Bajo esta legislación, estas personas podrían solicitar la anulación de sus condenas o la suspensión de los procesos judiciales en curso.
El texto de la ley especifica que “nadie será procesado, condenado, ni sancionado por los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio del 2002, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional. Ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o crímenes de guerra”.
Cabe recordar que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MinjusDH) no pidió un informe a la Dirección General de Derechos Humanos; en su lugar, optaron por la opinión técnica de la Dirección General de Asuntos Criminológicos, que calificó la norma como “viable con observaciones”.
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