Sobrinas de Dina Boluarte obtuvieron contratos con el Estado por hasta S/ 85 mil: una coincidió con Nicanor en el Minedu

En un contexto de creciente desconfianza hacia la clase política peruana, nuevos documentos y audios salen a la luz, revelando posibles casos de nepotismo que involucran a familiares cercanos de la presidenta Dina Boluarte. En el centro de esta controversia, las sobrinas de la mandataria, Yorka Gamarra Boluarte y Victoria Volodia Dávila Boluarte, son señaladas por obtener contratos estatales por montos que superan los 85 mil soles. La situación también expone la influencia de Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria, en la asignación de empleos públicos.

En una de las conversaciones mostradas por Maritza Sánchez, exasistente en la campaña de Dina Boluarte, a Contracorriente se escucha discutiendo la asignación de puestos con Nicanor. Sánchez hace mención de múltiples ocasiones en las que se habría solicitado trabajo para familiares y amigos de la presidenta, incluyendo a Víctor Torres y Nicanor Boluarte.

Estos audios, aunque ya habían salido a la luz hace un año, cobran nueva relevancia ante la reciente apertura de una carpeta fiscal que investiga al hermano de Dina y a otros implicados por presunta negociación.

Los contratos de Yorka Gamarra Boluarte

Yorka Gamarra Boluarte, una de las sobrinas de Dina Boluarte, también se encuentra en el centro de la controversia. Un informe de la Contraloría reveló que Gamarra obtuvo contratos de consultoría en el Ministerio de Educación (Minedu) durante el 2021, sumando un total de hasta S/ 85 mil.

La carrera política de Gamarra, marcada por su militancia en la izquierda radical, añade un componente adicional a la polémica. Fue candidata a la vicepresidencia y al Congreso en el pasado, ahora evita utilizar su segundo apellido, aunque la vinculación familiar sigue siendo evidente. El informe de la Contraloría no solo confirma su relación con Nicanor Boluarte, sino que también sugiere un direccionamiento en su contratación.

El esposo de Yorka Gamarra, Raúl del Castillo Altrista, también se encuentra implicado en este entramado. Este hombre, exasesor en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo durante la administración de Pedro Castillo, fue vinculado a la bancada de Juntos por el Perú, liderada por Roberto Sánchez. Su cercanía con Sánchez y su posterior contratación en el Congreso han despertado sospechas sobre los beneficios que podría haber recibido gracias a su relación con la familia Boluarte, según el informe de Willax.

Los contratos de Victoria Volodia Dávila Boluarte

Otra de las sobrinas de la presidenta, Victoria Volodia Dávila Boluarte, también figura en la lista de personas beneficiadas con contratos en el sector público. Durante el 2023, Dávila logró dos órdenes de servicio con el programa Educación Básica para Todos, dependiente del Ministerio de Educación. Estos contratos, que suman un total de S/ 54 mil, están relacionados con servicios de asistencia técnica para el diseño e implementación de estrategias en el mencionado programa.

Sin embargo, este no es el primer vínculo de la sobrina de Dina Boluarte con el Minedu. Entre 2021 y 2022, la sobrina de la presidenta facturó más de S/ 180 mil por servicios prestados al Minedu. Un informe de la Contraloría General de la República, emitido en septiembre de 2022, advirtió sobre la irregularidad de estos contratos y cuestionó la falta de transparencia en su asignación. El documento también señala que Nicanor Boluarte habría omitido declarar estos vínculos familiares en sus gestiones, lo que añade una nueva capa de complejidad al caso.

El 15 de julio de 2024, la Fiscalía dispuso la apertura de una nueva investigación contra Nicanor Boluarte y otros implicados, bajo sospecha de negociación incompatible. Entre los investigados se encuentra Victoria Volodia Dávila Boluarte, quien figura como testigo en la carpeta fiscal y deberá presentarse el 15 de agosto de 2024, acompañada de un abogado, para responder por las acusaciones.