Tras el anuncio de la empresa minera Southern Perú para reiniciar actividades de desarrollo en su proyecto de cobre Tía María a partir del lunes 1 de julio en la provincia de Islay, Arequipa, la población local manifestó amplio rechazo, y convocan a movilizaciones
Richard Ale Cruz, alcalde de Islay, reafirmó el rechazo a la actividad debido a preocupaciones por la contaminación, que afectaría la agricultura en el Valle del Tambo. Además, criticó que “el gobierno se está lavando las manos” tras no haber anunciado directamente el inicio de Tía María en la región.
Según la compañía minera, ya cuentan con todas las condiciones sociales y políticas adecuadas para retomar el proyecto, según un memorando interno. Sin embargo, el gobernador local recordó que, en 2011, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) determinó su estudio de impacto ambiental inadmisible y con más de 100 observaciones.

La tensión se ha incrementado en el distrito de Cocachacra con la decisión de reiniciar las actividades mineras. Se han convocado movilizaciones para el viernes 5 de julio por los líderes locales Enrique Navarro y Miguel Meza, impulsores de “Agro sí, mina no”.
La manifestación está programada para iniciar en el sector La Curva y dirigirse hacia la plaza de Cocachacra. Navarro enfatizó que el desarrollo debe ser sostenible y no comprometer la agricultura de la región.
Meza criticó las declaraciones del presidente de Southern Perú, Oscar González Rocha, quien minimizó la oposición al proyecto diciendo que solo un pequeño grupo de personas está en contra. Meza aseguró que “son las empresas que trabajan como terceros las que están pintando una falsedad”.
El secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), Elmer Arenas, adelantó que se está organizando una manifestación mayor para el 19 de julio, buscando unirse a las protestas en Islay y la ciudad de Arequipa.

No hay aceptación social por Tía María
El proyecto minero Tía María, ubicado en el Valle del Tambo, sigue siendo foco de controversias a pesar de varios intentos gubernamentales por permitir la actividad. José de Echave, investigador principal de Cooperacción y ex viceministro de gestión ambiental, señaló que los agricultores de la zona temen que la expansión minera tenga un impacto negativo significativo en la agricultura local.
El proyecto comenzó a generar tensiones desde 2011, cuando se presentó un primer estudio de impacto ambiental que fue revisado y declarado de baja calidad por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). Un segundo estudio presentado en 2015 fue aprobado bajo el gobierno de Ollanta Humala, y más tarde, durante la administración de Martín Vizcarra, se otorgó la licencia de construcción a la empresa Southern.

A pesar de los avances administrativos, la aceptación social del proyecto sigue siendo baja. La empresa Southern ha manifestado que el proyecto cuenta con mayor apoyo, pero el rechazo por parte de la comunidad local se mantiene.
El Ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, ha minimizado las preocupaciones de los opositores, calificándolos como un “grupo minúsculo” y desestimando su oposición como “frustración con ideología”. Sin embargo, esta postura ha sido criticada por diversos actores políticos y sociales.
La congresista Ruth Luque expresó que la insistencia en el proyecto sin un entendimiento profundo de los conflictos subyacentes solo aumentará el rechazo y distanciamiento de la población. Añadió que tres gobiernos han intentado imponer el proyecto sin éxito, resultando en conflictos y criminalización.
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