Caso Pativilca: juicio contra Alberto Fujimori enfrentará demoras por desactivación de la Sala de Derechos Humanos

Una disposición emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial puso en peligro el desarrollo de una serie de casos relacionados con vulneraciones a los derechos humanos, entre los que resalta el ‘Caso Pativilca’, en el que se investiga al exdictador Alberto Fujimori por su autoría mediata en delitos comprendidos como crímenes de lesa humanidad. Si bien la Cuarta Sala Penal Superior Liquidadora Nacional decidió acelerar las audiencias durante julio hasta antes de su disolución, existen dudas sobre la premura con la que el caso será atendido luego de esa fecha.

En un inicio, la disposición que ordena que los jueces Miluska Cano López, Otto Santiago Verapinto y Helbert Iván Llerena no precisaba qué se procedería a realizar con los casos que tenía a cargo —como es el del asesinato de seis campesinos en la localidad de Pativilca a manos del Grupo Colina, que trabajaba bajo órdenes de Fujimori—; no obstante, un comunicado posterior del Poder Judicial detalló que los casos que ya se encontraban iniciados pasarían a ser atendidos por el mismo grupo de jueces, por lo que el caso, a simple vista, no pasaría a anularse ni tendría complicaciones.

¿Qué pasa si el juicio del caso Pativilca se extiende hasta después de julio?

De hecho, según lo dispuesto por la jueza Miluska Cano López en una de las audiencias previas a esta disposición — que finalmente sustenta la disolución de la sala en el hecho de que no tiene muchos casos asignados — durante el mes de julio las audiencias contra el exjefe de Estado serían más recurrentes; dando como resultado entre tres o cuatro sesiones por semana. Sin embargo, posterior a estas fechas, cabe la posibilidad de que la posibilidad de cuadrar las agendas de los jueces represente demoras para la conclusión del proceso contra Fujimori.

Este caso ha sido comprendido como una vía más para que el expresidente pueda volver a la cárcel, de la que salió gracias a un indulto otorgado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, producto de una negociación para mantenerse en la presidencia, comprendida en el caso Mamanivideos; y refrendada por el Tribunal Constitucional a inicios de este año.

Este peligro fue alertado por el periodista especializado en temas judiciales, César Romero, quien explicó que, al desactivarse la sala presidida por Cano López, la medida aprobada por el Consejo Ejecutivo en unanimidad dispone que los magistrados regresen a sus cortes de origen. En cada una de sus respectivas salas, los magistrados deberán atender otros casos y conformar otros colegiados, y el caso Pativilca pasará a ser un caso adicional y aparte de la carga procesal que deberán atender.

Caso Pativilca pasará a segundo plano a partir de agosto

La consecuencia directa de esta disolución es que el caso Pativilca no pasará a ser prioritario, y desde agosto, fecha para la que está dispuesta la disolución de este tribunal, las audiencias ya no pasarán a ser tan recurrentes como lo dispuesto durante julio. Por ello, es que existe un especial interés con que este juicio contra Fujimori sea retomado y culminado antes de esta fecha.

Adicionalmente, si bien el juicio dio inicio en enero de este año; hasta la fecha y por la cantidad de acusados que ya se han acogido a la conclusión anticipada de los delitos que la Fiscalía les imputa, entre ellos, el exsecretario de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, y cinco integrantes del Grupo Colina; el juicio se encuentra en sus últimas etapas.

No obstante, y pese a las intenciones del colegiado de culminar diligentemente el proceso, aún quedan las acciones que la defensa del exdictador pueda esgrimir desde su lado para evitar la conclusión del juicio dentro del mes de julio.

Elio Riera, quien desde inicios del juicio insistió en la inocencia de Fujimori, pese a que este se encontraba pagando una condena de 25 años por un caso similar de desaparición forzada y homicidio calificado; podría intentar alargar el proceso lo más posible, teniendo en cuenta que luego de agosto, los magistrados tendrían problemas para ponerse de acuerdo en sus agendas.