
El Ministerio Público ha solicitado al Poder Judicial extender a 18 meses la prisión preventiva del expresidente de la República, Pedro Castillo, como parte del proceso penal que se le sigue por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos presentó un recurso de apelación, mostrando su desacuerdo con la resolución del juez supremo Juan Carlos Checkley, que el pasado 7 de junio fijó en 14 meses la prórroga de la prisión preventiva para Castillo.
En este caso, la Fiscalía argumenta que el plazo de 14 meses es insuficiente y busca oponerse a la decisión judicial. Mientras tanto, la defensa de Pedro Castillo también ha apelado, solicitando la anulación de la extensión de la medida restrictiva. Según el cálculo presentado, la prisión preventiva actual vence el 6 de agosto de 2025.
El abogado defensor de Castillo argumenta que la Fiscalía Suprema ha introducido hechos no planteados inicialmente, y pide que se declare infundada la solicitud de ampliación del plazo y se revoque la resolución apelada. Esta situación incrementa la tensión y el debate en torno al proceso judicial que enfrenta el exmandatario.

El juez supremo Juan Carlos Checkley, en respuesta a estos movimientos legales, resolvió el 18 de junio conceder ambos recursos de apelación y remitirlos a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Esta instancia deberá evaluar si los admite a trámite. De ser así, se convocará a una audiencia virtual para revisar los argumentos de todas las partes involucradas, incluyendo al expresidente Pedro Castillo.
Esta serie de acciones legales se suma a un proceso judicial ya complicado, marcado por acusaciones de corrupción y abuso de poder. Como se recuerda, actualmente el exmandatario se encuentra recluido en el establecimiento penitenciario Barbadillo, en Ate.
PJ amplió prisión preventiva por 14 meses
Como se recuerda, el pasado 10 de junio se supo que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial decidió extender el período de prisión preventiva contra el exmandatario.
La medida fue adoptada tras la solicitud de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, dirigida por Galinka Meza. El pedido de prolongación de la prisión preventiva fue presentado el pasado 3 de junio.
La investigación contra Castillo Terrones comenzó luego de que intentara disolver el Congreso y reformar el sistema de justicia el 7 de diciembre de 2022, con el fin de evadir varias investigaciones por corrupción.
En un inicio, Castillo Terrones había sido encarcelado bajo una medida de prisión preventiva de 36 meses, que venció el 6 de junio. La fiscalía solicitó una extensión de 18 meses, pero el magistrado Juan Carlos Checkley decidió reducirla a 14 meses, por lo que la nueva fecha límite será el 6 de agosto de 2025.
Aunque esta ampliación ya fue establecida, Castillo Terrones continuaría detenido debido a una solicitud de prisión preventiva adicional por 36 meses, lo que restringe su liberación hasta al menos finales de 2026.
Entre los motivos de la Fiscalía de la Nación para justificar su solicitud, Meza detalló que aún existía un peligro de fuga, al advertirse constantes visitas de diferentes congresistas al penal de Barbadillo que “podría ser utilizado para eludir la justicia”, según lo detallado por el INPE; además de la situación de asilados que tiene su familia en México que no le permiten justificar un arraigo en el país; entre otros hechos.
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