Acuerdan gestionar la declaración de emergencia del Sistema Penitenciario Nacional. La medida permitirá al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) realizar un Decreto de Urgencia para que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transfiera los recursos necesarios y se construyan nuevas cárceles destinadas a delincuentes de alta peligrosidad.
El sistema penitenciario tiene el propósito de garantizar que las personas que han cometido delitos tengan la oportunidad de reintegrarse a la sociedad una vez cumplida su condena. Mientras que el INPE es el ente rector de todo el sistema.
Por ello, al declararlo en emergencia se podrá transferir un presupuesto para la elaboración de expedientes técnicos. De esta manera, la autorización se aplicará el mecanismo de contratación gobierno a gobierno junto al Convenio de Administración de Recursos.
¿Qué proyectos se realizarán?
La implementación incluirá varios proyectos que buscan mejorar las condiciones de detención y optimizar la gestión de internamiento en el país. Entre ellos, la construcción de un establecimiento penitenciario con capacidad para 10 mil internos de alta peligrosidad, así como un centro penitenciario temporal diseñado para alojar a 16 mil reclusos procesados.
Esta decisión se acordó durante la II sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), por lo que se inició el proceso de declaratoria. Esta reunión se realizó en Palacio de Gobierno en presencia de la presidenta Dina Boluarte.
La Cámara de Comercio de Lima también participó de esta reunión donde brindaron propuestas y fueron tomadas por la actual gestión. Entre ellas, el seguimiento para la aprobación del proyecto de ley que crea el Sistema Nacional Especializado en Flagrancia Delictiva que coadyuvará en la implementación de las unidades de flagrancia y la creación de la Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana.
Crisis en el INPE
Las cárceles en el Perú ya no cuentan con más espacios para integrar, debido a que registran un exceso del 130%, según datos del INPE. Además, a esto se suman las denuncias contra funcionarios de la institución en casos de corrupción vinculados a delincuentes, por lo cual se anunció una reestructuración.
El año pasado, el informe de Panorama reveló que internos del penal Sarita Colonia del Callao pagaban a los oficiales del INPE a cambio de actos ilícitos. Los prisioneros utilizan dinero en efectivo para asegurarse la posibilidad de realizar actividades como el consumo de drogas y la extorsión sin enfrentar dificultades.
En uno de los videos divulgados, se observa al interno Alexander Montesinos Tapullima entregando dinero a Farro Salazar, un agente de seguridad del penal, acontecimiento que quedó grabado en las cámaras del lugar. Montesinos Tapullima, detallan las imágenes, primero extrae el dinero de su bolsillo y procede a contarlo antes de dárselo a Salazar, quien acepta la suma y le estrecha la mano.
Además, se muestra otra transacción similar en la que el agente Suarez Procil recibe dinero por parte de otro recluso. Aunque el monto no estaba completo y se entregó fraccionado en varias partes, Suarez Procil entregó un paquete al prisionero antes de retirarse. Sin embargo, no es el único caso.
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