Funcionario que recorte sueldo a sus trabajadores podría recibir hasta 8 años de prisión, advierte el PJ

El juez supremo provisional Ricardo Brousset Salas destacó que los funcionarios públicos que abusen de su cargo para obligar a una persona a otorgarles bienes o beneficios patrimoniales indebidos estarían cometiendo el delito de concusión, el cual puede ser sancionado con penas de dos a ocho años de prisión efectiva.

Este ilícito se enmarca como un delito contra la administración pública, lo que limita su comisión exclusivamente a servidores públicos, según detalló recientemente la agencia Andina.

Brousset Salas explicó que la concusión se produce cuando el funcionario, aprovechándose de su posición, obliga, induce o hace prometer a una persona que otorgue un bien o cualquier tipo de beneficio patrimonial, siempre que sea indebido.

Según señala la ley, además de las penas de prisión, los responsables también deberán enfrentar multas que van de 180 a 365 días equivalentes a un porcentaje de su remuneración diaria.

El magistrado subrayó que este tipo de delito conlleva también la pena de inhabilitación en el cargo, lo cual impide a los condenados seguir ejerciendo funciones públicas. “Como es un delito contra la administración pública, también tiene la pena de inhabilitación en el cargo, este delito no tiene agravantes”, señaló Brousset Salas.

De otro lado, el juez supremo provisional indicó que la gravedad del delito puede variar, con penas mínimas aplicadas a casos considerados menos severos. “Las penas mínimas son para concusiones que deben entenderse como menos graves. Se conmina atendiendo si se dan circunstancias que agraven, como montos altos, que afecten a una pluralidad de personas o que sea un alto funcionario público”, detalló el letrado.

Las penas pueden ser mayores si la cantidad de dinero involucrada es significativa, si afecta a muchas personas o si el delito es cometido por un funcionario de alto rango.

Como ejemplo de concusión, Brousset Salas recordó casos donde congresistas han abusado de su posición al contratar empleados para sus despachos y luego obligarlos a entregar una porción de su sueldo. “En ese caso sería concusión en favor de tercero o para sí mismo”, añadió.

Investigan a nuevo ‘mocha sueldos’

El congresista José Arriola, perteneciente a las filas de Acción Popular, nuevamente será investigado por la Comisión de Ética Parlamentaria. Esta decisión se tomó el pasado viernes 3 de mayo, tras la revelación de un presunto recorte de sueldo obligatorio a extrabajadores de su despacho, quienes denunciaron los hechos ante el Ministerio Público.

Arriola ya había sido denunciado por este mismo grupo de trabajo a inicios de mayo por razones similares. En esa ocasión, los trabajadores denunciantes no asistieron a la comisión, prefiriendo llevar el caso ante la justicia. Como resultado, el parlamentario fue públicamente amonestado y recibió una suspensión de 30 días. Sin embargo, un reportaje del dominical “Punto Final” motivó esta nueva propuesta de investigación de oficio.

El presidente de la comisión, Diego Bazán, anunció en su cuenta de X que propondría iniciar de oficio indagaciones preliminares contra Arriola. “Ante hechos revelados, propondré en Comisión de Ética iniciar de oficio indagaciones preliminares contra el congresista Arriola por el presunto recorte de sueldo a sus trabajadores. Esta investigación es diferente a aquella que culminó con una sanción hace una semana”, expresó Bazán.

El resultado de la votación en la Comisión de Ética fue de 10 votos a favor de la denuncia de oficio. Solo el congresista Alex Paredes, de Perú Libre, se mostró en contra, argumentando que la prensa tiene una “fijación hacia el Congreso” y que los legisladores deben “tener cuidado con cada una de sus acciones”. Según Paredes, las denuncias de los extrabajadores de Arriola provienen de “personas que adoptan otra conducta cuando ya no son parte de los despachos”.

Henrry Zaira, ex asesor del congresista, manifestó a “Punto Final” que mensualmente debían asistir a reuniones donde se les informaba sobre actividades sociales a cumplir y se les asignaba un porcentaje de su sueldo como donación obligatoria.

Además, añadió que quien no accedía a esta exigencia podía perder su trabajo. Zaira asegura que “cada mes nos convocaba a reuniones a su despacho y nos indicaba que tenía una serie de actividades sociales que cumplir y requería del apoyo de todos y designaba un porcentaje que teníamos que entregar como donación...”.