Los PIACI han decidido mantenerse alejados de la sociedad nacional por haber padecido experiencias traumáticas que han amenazado sus vidas, como la ocurrida durante la explotación irracional del caucho, que afectó la Amazonía a inicios del siglo XIX. Inclusive en años recientes, han sufrido graves violaciones de sus derechos por masacres, asesinatos, contagios de enfermedades letales, contactos y desplazamientos forzados, producto de la ocupación y saqueo de sus territorios por parte de operadores de actividades lícitas e ilícitas como empresas madereras, narcotraficantes, empresas de hidrocarburos, mineros, entre otros.
Mientras que los pueblos indígenas aislados no mantienen ningún contacto con la sociedad, por otro lado, los pueblos indígenas en contacto inicial mantienen vínculos esporádicos con miembros de comunidades cercanas a sus territorios.
Su situación los lleva a no desarrollar defensas inmunológicas ante enfermedades que para la mayoría son comunes. Incluso una simple gripe podría ser mortal para ellos.
Un caso emblemático que demuestra la extrema vulnerabilidad de los PIACI sucedió en la experiencia de contacto forzoso del pueblo indígena Nahua, actualmente considerado en situación de contacto inicial y que habita al interior de la Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nanti y otros (entre Cusco y Ucayali). El referido contacto forzado y promovido, principalmente, por madereros y operadores de la empresa petrolera Royal Dutch Shell ocasionó la muerte del 46 % de los miembros del pueblo Nahua, producto del contagio de enfermedades comunes para la sociedad mayoritaria. (Shepard, 1999; Barclay y García Hierro, 2014).
Es por ello que, entre las medidas que existen para la protección de los PIACI, se encuentra el establecimiento de reservas indígenas y territoriales, que son territorios intangibles delimitados por el Estado. La creación de estas reservas se basa en rigurosos estudios científicos y antropológicos que son analizados por una comisión multisectorial conformada por ministerios, organizaciones indígenas, gobiernos regionales, provinciales y locales, y miembros de universidades.
A la fecha, existen en Perú ocho reservas indígenas y territoriales. La última reserva creada en mayo de 2024, la Reserva Indígena Sierra del Divisor Occidental (también conocida como “Kapanawa”), demoró casi 20 años de proceso. Durante estos años, los PIACI que habitan este espacio estuvieron expuestos a riesgos y amenazas externas. Por ello, es indispensable que el Estado tome medidas para reducir estas demoras en la creación de reservas, que muchas veces se deben a intereses privados.
Asimismo, urge que el Ministerio de Cultura, ente encargado de la gestión y protección de las reservas PIACI, destine un presupuesto adecuado para la protección de estos territorios. Actualmente, se ha comprobado que algunas reservas han sido vulneradas por actividades ilegales como la tala ilegal y el narcotráfico, incluso mostrándose la existencia de pistas clandestinas y caminos forestales ilegales en su interior.
El Estado, los peruanos y peruanas no debemos olvidar que este grupo de 7500 peruanos según cifras oficiales de la Dirección de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (DACI) del Ministerio de Cultura, tienen el derecho a ser protegidos. Solo así, podrán sobrevivir.
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