La eliminación de movimientos regionales, la jugada de última hora del fujimorismo: “Se disuelven, no rinden cuentas”

A último momento, en un movimiento inesperado, la congresista fujimorista Martha Moyano, presidenta de la Comisión de Constitución, añadió una propuesta en la reforma constitucional que permite la reelección inmediata, por un solo periodo adicional, para alcaldes y gobernadores, una iniciativa que excluye a los movimientos regionales y, en la práctica, elimina su derecho a la participación política.

Pese a que no formaba parte del dictamen aprobado en noviembre de 2023, la diputada sugirió una enmienda para cambiar el artículo 35 de la Constitución. La propuesta obtuvo luz verde este miércoles en la primera votación del pleno del Congreso con 82 votos a favor. Ahora, deberá someterse a un segundo escrutinio en la próxima legislatura.

“Esta es una noche triste para el país y la democracia. Habíamos coordinado con varias bancadas para que nos recibieran. No había ningún documento oficial tramitándose en el Congreso que contemplara eliminar los movimientos regionales. Lo acordado en la sesión de portavoces era que se trataría únicamente sobre la reelección de alcaldes y gobernadores”, dijo en diálogo con Canal N.

Vracko recalcó que esta reforma se efectuó de manera oculta e irregular. “Ahora, como delincuentes, lo metieron [a debate]. Definitivamente, hay que acusar a los fujimoristas”, afirmó. Según expertos, la eliminación de los movimientos regionales podría dejar a muchas comunidades sin una voz directa en la política nacional, lo cual limitaría la expresión de sus necesidades específicas frente a las de los grandes centros urbanos.

Otra consecuencia sería el debilitamiento de la competencia electoral, ya que estas agrupaciones han sido una alternativa para ciudadanos y líderes que no encuentran espacio en los partidos tradicionales. De modo que su desaparición, además, podría significar un retroceso en la descentralización.

Juárez destacó la supervisión sobre los partidos políticos por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). “Tenemos la supervisión de la ONPE respecto a los ingresos y gastos de campaña, lo que no ocurre con los movimientos regionales. [...] Ha existido feudos en muchas provincias y regiones sin que les rindan cuentas a la ciudadanía. ¿Por qué no se fortalece el sistema democrático en el país? Porque tenemos partidos débiles, y los partidos débiles precisamente tienen que competir con movimientos que se forman y que tienen una asimetría en la forma en que deben rendir cuentas”, siguió.

La diputada recalcó que existe una marcada asimetría entre los partidos políticos y los movimientos regionales. “¿Por qué no se fortalece el sistema democrático en el país? Porque tenemos partidos débiles, y los partidos débiles precisamente tienen que competir con movimientos que se forman y que tienen una asimetría en la forma en que deben rendir cuentas”, zanjó.

Sin embargo, hasta junio del año pasado, 17 de 187 movimientos regionales presentaron sus informes financieros anuales 2022 ante la ONPE, de acuerdo con la agencia Andina. Además, la ONPE y el JNE han emitido numerosas resoluciones que sancionan a movimientos que no cumplen o incumplen parcialmente lo ordenado por ley.

En contraste con los defensores de la eliminación de estos movimientos, se alzan voces disidentes. La legisladora Susel Paredes (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) calificó la medida como “contrabando” y “antidemocrática”, y alegó que no tuvo la discusión debida. Paredes presentó una reconsideración para revisar y debatir nuevamente la votación, aunque no tuvo éxito.

Ruth Luque, su colega de bancada, también expresó su indignación y señaló que la decisión implica una pérdida de representación local, disminuye la diversidad política y consolida el poder central. Según la parlamentaria, la eliminación podría marginar a numerosas comunidades y erosionar la pluralidad del sistema democrático.