El Caso Manta está en la fase final del segundo juicio, en el que nueve mujeres de Huancavelica han acusado a 13 militares peruanos por delitos de violencia sexual. Después de cuatro décadas de espera, el desenlace del proceso judicial parece estar próximo.
De acuerdo a lo informado por la organización feminista Demus, en su cuenta oficial de Twitter, el último miércoles 22, la sala a cargo del caso anunció que la última audiencia se llevaría a cabo el próximo miércoles 29 de mayo.
Importancia de sentencia
Entre los alcances de Demus, también reveló que, a partir de la fecha de la última audiencia, los jueces tendrán cinco días hábiles para emitir sentencia, lo que marcaría el fin del proceso legal que se inició en marzo del 2019 y que fue el segundo en torno a este caso, debido a que el primero se quebró por un pedido de la defensa de las sobrevivientes, quienes solicitaron la incorporación del enfoque de género, así como respeto por el derecho a la verdad, igualdad y no discriminación.
El Caso Manta posee una relevancia significativa tanto social como jurídica, ya que es uno de los pocos juicios en Latinoamérica que trata la violencia sexual como un crimen de lesa humanidad en el contexto de un conflicto. Esta decisión se convierte en un hito al representar justicia y reparación para las víctimas.
El Tribunal está analizando acusaciones de violencia sexual cometidas por trece militares peruanos contra nueve mujeres, quienes buscan verdad y justicia después de cerca de 40 años de sufrimiento. La sentencia que se espera podría establecer un precedente importante.
Irregularidades en manejo del Caso Manta
La Fiscalía de la Nación y el rol en el proceso legal han causado preocupación. Según ha manifestado Silva, el fiscal Luis Javier Ramírez Cancho reemplazó al fiscal Pedro Orihuela en el caso, sin una razón aparente.
La abogada ha denunciado que el tribunal permite dilaciones en el proceso, como la programación de audiencias en plazos máximos y argumentaciones vagas que frustraron citaciones anteriores. A su vez, ha subrayado el historial del fiscal Ramírez Cancho, quien calificó al Fredepa como una “fachada del nuevo Sendero Rojo” y acusó a sus dirigentes de terrorismo por pedir una asamblea constituyente.
El cambio de fiscal ha llamado la atención, especialmente porque Orihuela llevó el caso durante tres años, lo que mostraba una continuidad y familiaridad con los detalles del proceso legal.
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