Lucas Pezo Amaringo está prófugo de la justicia desde julio del 2023, cuando un juez lo dejó en libertad pese a que fue denunciado por violación sexual. ‘Mila’, la niña sobreviviente, tenía 17 meses de gestación, pero inicialmente no le fue permitido un aborto terapéutico.
En medio de un aluvión de reacciones y alertas de agencias de las Naciones Unidas y organizaciones feministas, la niña fue trasladada al Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima, donde finalmente accedió a la interrupción terapéutica del embarazo, un procedimiento legal en el país desde 1924.
Días después, un tribunal revocó la orden de comparecencia y dictó nueve meses de prisión preventiva contra Lucas Pezo Amaringo. Diez meses después, la ineficacia estatal permitió que el prófugo violador, hasta ahora inubicable, regresara por la familia de ‘Mila’, actualmente aislada en un centro de acogida.
La jefa del área de Trata de Personas de la Policía Nacional (PNP), Wieslava Costa, dijo a RPP que el fugitivo había retenido a la madre y sus tres hijos; a una de ellas abusó sexualmente. La familia, desaparecida desde enero, fue localizada gracias a una llamada anónima en una comunidad a tres horas de caminata desde la carretera Iquitos-Nauta, en la provincia de Maynas (Loreto).
El Ministerio de la Mujer ha confirmado a Infobae Perú que los menores se encuentran bajo su protección. Pezo Amaringo, por quien el Ministerio del Interior ofrece una recompensa de 30 mil soles por información sobre su paradero, escapó nuevamente al notar la presencia de los agentes.
La PNP informó a El Comercio que no podía dar detalles sobre las acciones para localizar y capturar al prófugo violador “ya que entorpecería las investigaciones”. No obstante, reiteraron que fue “detenido en su momento adecuado”.
Esta tendencia refleja un incremento preocupante en comparación con años anteriores. En 2021, según los registros de los CEM, se atendieron aproximadamente 6,287 casos. Para 2022, la cifra aumentó a casi 7,000 casos.
Respaldo
A fines del año pasado, Boluarte deslizó un respaldo a la despenalización del aborto por violación en un país donde, según el CEM, dos niñas son abusadas cada hora y donde la interrupción voluntaria del embarazo solo es legal en caso de riesgo para la salud o la vida de la mujer.
Además, propuso modificar el Código Penal para aplicar cadena perpetua a agresores sexuales, ya que actualmente la pena máxima es de 35 años. “Esa es la otra inseguridad contra la que debemos luchar frontalmente todas las autoridades y todos nosotros. Si la menor de edad está embarazada y dice ‘él abusó de mí’, ¿qué más medio probatorio [queremos]?”, señaló.
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