El Gobierno de Perú, bajo el liderazgo de la presidenta Dina Boluarte, ha promulgado recientemente el Decreto Supremo 009-2024, el cual incluye a ciertas categorías referentes a identidad de género y orientación sexual como parte de las clasificaciones de trastornos mentales.
Esta condenable decisión, tomada el último viernes 10 de mayo, ha generado una ola de rechazo por considerarla un retroceso en los derechos de la población LGBTQ+ de la nación. El decreto, avalado también por el ministro de Salud, César Vásquez, y el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, se apoya en versiones anteriores de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para justificar su fundamento.
Así informó la prensa internacional
La prensa internacional ha expresado su preocupación y rechazo frente al Decreto Supremo 009-2024, emitido por el Gobierno de Dina Boluarte, al considerarlo discriminatorio y estigmatizante contra la comunidad LGTBI+. Entre los medios que han cubierto esta noticia, se encuentran el Daily Mail, GloboNews y CNN.
El decreto en cuestión ha generado un amplio debate tanto a nivel nacional como internacional, puesto que contraviene los principios de igualdad y no discriminación, fundamentos esenciales en la lucha por los derechos de la comunidad LGTBI+.
Rechazo al decreto supremo
La presente situación ha levantado preocupaciones significativas entre especialistas y defensores de derechos humanos, que temen las repercusiones que esta medida pueda tener en una de las comunidades más vulnerables del Perú. Según expertos, la clasificación podría llevar a la estigmatización y discriminación de personas trans y aquellas que exploran su identidad de género, lo que aumentaría así los ya existentes obstáculos que enfrentan en la sociedad.
La referencia a la CIE-10 ha sido criticada, dado que la propia OMS ha actualizado sus clasificaciones y se ha movilizado hacia un enfoque más inclusivo y despatologizante de la identidad de género en las versiones más recientes de sus manuales.
Pese a un comunicado que emitió el Minsa para intentar negar las acusaciones, esta postura de rechazo fue respaldada por un gran número de especialistas y entes a favor de los derechos humanos. De esta manera, la asociación Más Igualdad Perú, 414 profesionales de la salud mental y 176 representantes de organizaciones LGBTQIA+ enviaron este lunes 13 de mayo una carta al ministro de Salud, César Vásquez, con el objetivo de condenar la nueva clasificación de la diversidad de género y sexual como una enfermedad, así como exhortar la aplicación de CIE-11 a nivel nacional.
Impacto negativo del decreto supremo
En Perú, la reciente aprobación del decreto ha generado preocupación entre los miembros de la comunidad LGBTQIA+, reveló Shely Cabrera, encargada de Incidencia del Programa de Sexualidad y Autonomía Física de Manuela Ramos. Esta normativa redefine los alcances del Plan Especial de Aseguramiento de Salud (PEAS), lo cual influencia directamente en cómo se cubren ciertas condiciones de salud bajo los seguros en el territorio nacional.
En conversación con Infobae Perú, la especialista enfatizó que los cambios introducidos podrían tener implicaciones adversas para las diversidades sexuales y de género.
El decreto en cuestión, numerado como 009-2024, modifica una versión previa del año 2021 que actualizaba el PEAS. La crítica surge debido a la inclusión de categorías basadas en la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE-10), un sistema de diagnóstico global que data de 1992.
Cabrera condena esta elección, ya que, a diferencia de la CIE-11 (publicada en 2019 y en vigor desde 2022), la actualmente usada no refleja una visión actualizada sobre las diversidades sexuales y de género, las cuales no son consideradas trastornos o enfermedades en la última revisión.
Human Rights Watch exige derogación
La organización Human Rights Watch (HRW) criticó duramente este miércoles 15 a la administración de Dina Boluarte y solicitó la derogación de un decreto publicado el 10 de mayo, que clasifica las identidades trans como condiciones de salud mental en el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS).
En un comunicado firmado por Cristian González Cabrera, investigador senior del programa de derechos LGBT para América Latina y el Caribe, se subrayó que la oficialización de la patologización de dicha comunidad puede minar considerablemente los esfuerzos para mejorar la protección de los derechos basados en la orientación sexual y la identidad de género. Según difundió CNN, se destacó que esta medida va en contra de los estándares internacionales en derechos humanos y podría perpetuar la discriminación y el estigma hacia las personas trans.
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