La fiscal suprema Delia Espinoza solicitó al Poder Judicial suspender a Patricia Benavides del cargo de fiscal suprema por un plazo de 36 meses. Ello en el marco de la investigación que se le sigue a la exfiscal de la Nación por presuntamente liderar una organización criminal.
La suspensión que le impuso la Junta Nacional de Justicia a Benavides Vargas vence en los primeros días de junio. La JNJ tiene la potestad de ampliar dicha medida por hasta otros 6 meses; sin embargo, no cuenta con quorum al momento para evaluar dicha extensión debido a las inhabilitaciones de Aldo Vásquez e Inés Tello.
De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, la solicitud fue presentada ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria el viernes 10 de mayo. El juez supremo Juan Carlos Checkley programó la audiencia para el miércoles 22 de este mes a las 9:30 de la mañana.
Empresarios se acogen a confesión sincera
El Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) informó que los representantes de la empresa Inversiones Tecnológicas del Perú SAC se acogieron a la confesión sincera en el marco de una investigación sobre contratos direccionados con el Ministerio Público durante la gestión de Patricia Benavides.
Durante la audiencia de prisión preventiva contra Miguel Girao, Abel Hurtado y otros detenidos en el operativo Valkiria XI, el fiscal Freddy Niño Torres declaró que esta acción de los empresarios Johan Chauca Ipanaguirre y Gustavo Iván Bullón Ausejo permitirá identificar la ruta del dinero.
La confesión sincera, que consiste en que los investigados reconocen los hechos delictivos imputados por el Ministerio Público a cambio de una reducción de la pena, fue aceptada por Chauca Ipanaguirre y Bullón Ausejo, acusados de ser cómplices primarios de colusión agravada. Esta acusación está ligada a dos adquisiciones de equipos de cómputo realizadas por el Ministerio Público. El primer contrato ascendió a 3.451.769,31 soles y el segundo a 4.070.666,87 soles, sumando un total de 7.522.436,18 soles.
Según la tesis del Eficcop, el enlace entre los representantes de Inversiones Tecnológicas del Perú SAC fue Giancarlo Valer Enciso, quien tenía conexiones con Jaime Villanueva. Durante las diligencias, se descubrió que los términos de referencia para la primera adquisición fueron elaborados por Inversiones Tecnológicas del Perú SAC, aunque en ese momento no resultaron ganadores. Sin embargo, al no emitirse las órdenes de servicio, se convocó un nuevo proceso donde sí fueron seleccionados.
Jaime Villanueva reveló que, a cambio del direccionamiento de los contratos, recibió un sobre con 70 mil soles de Giancarlo Valer Enciso, de los cuales 30 mil soles supuestamente fueron entregados a Patricia Benavides en su despacho en la Fiscalía de la Nación. Este dinero, según Villanueva, sería utilizado por Benavides para cubrir gastos médicos de su hijo, quien había sido operado en la clínica San Pablo en el distrito de Santiago de Surco.
El Eficcop sostiene que, tras este acuerdo, se direccionó una nueva adquisición de equipos de cómputo a favor de Inversiones Tecnológicas del Perú SAC por un monto de más de 4 millones de soles.
Miguel Girao planeó ser testigo protegido
Al exasesor de la suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, Miguel Girao Isidro, se le halló un documento en su domicilio donde manifestaba su voluntad de ser testigo protegido en la investigación del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).
En su declaración, Girao sostuvo que el documento representaba una “posible defensa personal” que nunca se presentó. Sin embargo, el Eficcop interpreta su intención de otra manera, ya que para ser testigo protegido se requiere el reconocimiento de haber presenciado actos delictivos.
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