La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Moyobamba, junto con otras autoridades, ha descubierto una alarmante deforestación en el Bosque de Protección Alto Mayo (BPAM), ubicado en la región de San Martín.
De acuerdo a Inforegión, durante inspecciones realizadas los días 24 y 25 de abril, en las zonas de Candamo y Nuevo Amazonas, pertenecientes al distrito de Pardo Miguel, provincia de Rioja, se identificaron seis áreas de bosques primarios claramente afectadas por la tala ilegal.
Esta área natural protegida se extiende más allá de las fronteras de Rioja, pues, alcanza una superficie total de 182 mil hectáreas que forman parte de territorios de la región de Amazonas y Loreto. Además, el área es fundamental para la conservación de la biodiversidad de San Martín, así como para el sustento hídrico de más de 280 mil 000 personas.
Autoridades identifican a sospechoso tras ataque en área natural
Según las autoridades, este hallazgo no solamente pone en evidencia la vulneración de un área natural protegida sino que también destaca la participación de múltiples entidades en la operación de fiscalización, incluyendo el Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), la División de Medio Ambiente (DIRMEAMB) y la División Nacional De Operaciones Especiales (DINOES) de la Policía Nacional del Perú.
Asimismo, comunicaron que un sospechoso ha sido identificado y citado para investigación, que develaría la continua presión que enfrentan los bosques primarios, fundamentales para el suministro de agua para consumo humano en el país. Pues, el hecho evidencia una problemática de amplio espectro que afecta no solo al patrimonio natural, sino también a las comunidades que dependen de estos ecosistemas.
Bajo ese contexto, las direcciones del Estado involucradas en el caso recordaron que, a finales de abril, se informó también sobre la deforestación ilegal en otra área natural protegida en la misma región amazónica.
Se trata del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera, donde se afectaron más de 1.000 hectáreas de bosque primario destinadas a la comercialización de madera. Y, antes de esa fecha, exactamente el 19 de marzo, un atentado ambiental en los caseríos Progreso y Alto Progreso, afectando dos quebradas fundamentales para el abastecimiento de agua de diversas comunidades indígenas de la zona.
Los posibles efectos de la denominada ‘Ley Antiforestal’
Respecto a lo anterior, expertos ambientales, tales como Javier Sinti, gerente general del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, han señalado que los cambios recientes en la Ley Forestal podrían estar promoviendo indirectamente estas prácticas destructivas que impactan negativamente en áreas de conservación críticas.
En esa línea, los especialistas recuerdan que la región de San Martín, conocida por su riqueza natural y biodiversidad, ha sido históricamente un escenario de conflictos entre la conservación ambiental y actividades económicas basadas en el uso de recursos naturales.
Por tal razón, consideran que la situación actual resalta la urgencia de revisar y fortalecer las políticas que salvaguardan estas áreas contra la explotación ilegal, así como la respuesta de las autoridades para prevenir futuros atentados contra el patrimonio natural de la Amazonía peruana.
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