El Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad que formuló el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, contra el Congreso de la República por haber exonerado de permisos municipales a las obras de la Línea 2 del Metro de Lima a través de la Ley de Endeudamiento 2024.
El TC corroboró que la demanda contra la Décima Disposición Complementaria Final de la Ley 31955 cumple con los requisitos para ser admitida. Estos son que el alcalde tenga competencia y autorización del Concejo Metropolitano para interponer la demanda, y que la norma cuestionada no supere los 6 años desde su publicación en El Peruano.
En ese sentido, los magistrados dispusieron admitir la demanda de inconstitucionalidad y notificar al Congreso de la República de la misma para que conteste la demanda dentro de un plazo de 30 días útiles.
Luego, se convocará a audiencia pública para que las partes expongan sus argumentos ante el Pleno del Tribunal Constitucional. Finalmente, se designará un magistrado ponente para que elabore un proyecto de sentencia.
El caso
Infobae Perú reveló que el alcalde Rafael López Aliaga, con el respaldo del Concejo Metropolitano de Lima, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Endeudamiento del Sector Público 2024.
El recurso de inconstitucionalidad está dirigido contra la Décima Disposición Complementaria Final de la Ley de Endeudamiento, que autoriza la construcción de proyectos prioritarios incluidos en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad (PNISC), entre los que se encuentra la Línea 2 del Metro de Lima, sin requerir de permiso municipal.
Esta medida ha generado duros cuestionamientos por parte del alcalde Rafael López Aliaga, quien denuncia que la norma viola la Constitución Política del Perú en aspectos relacionados con la separación de poderes y competencias municipales.
La demanda sostiene que incluir la exoneración de permisos municipales en la ley podría infringir varios artículos constitucionales y leyes locales, como la Ley de Bases de Descentralización y la Ley Orgánica de Municipalidades. Los demandantes argumentan que la decisión del Congreso de la República de incluir tal exoneración en la legislación de endeudamiento es inapropiada, pues consideran que el tema de permisos municipales no es pertinente al endeudamiento público.
Asimismo, expresan preocupación sobre cómo esta medida podría afectar la movilidad urbana en Lima y Callao, particularmente en áreas cercanas a las obras de la Línea 2 del Metro de Lima. La única estación que aún no cuenta con permiso para que inicie construcción es la Estación Central, cuya construcción podría llevar a congestión vehicular y complicaciones para los peatones que transitan por el Paseo Colón y la avenida Garcilaso de la Vega.
El alcalde López Aliaga ha tomado varias acciones en respuesta a esta exoneración de permisos. Inicialmente, la Municipalidad de Lima emitió una ordenanza para reafirmar sus competencias en la emisión de permisos de movilidad urbana y usos del suelo. Luego propuso utilizar el “sistema austriaco” para la construcción de la Estación Central, una técnica que permitiría avanzar en la obra sin necesidad de cerrar importantes vías de tránsito.
A la fecha, el consorcio de la Línea 2 del Metro de Lima ha presentado constantes solicitudes ante la Municipalidad de Lima para recibir la autorización correspondiente. Sin embargo, no han recibido respuesta por parte de la comuna, lo que podría ocasionar riesgos de retrasos o paralización del proyecto, así como posibles demandas legales contra el Estado por incumplimiento del contrato.
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