En el distrito de Castilla, en la región Piura, en el año 2019, un acontecimiento marcó un giro en la vida del suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Elvis Miranda Rojas. El 13 de enero de aquel año, en un asentamiento humano, agente policial disparó a Juan Carlos Chocán, quien había sido acusado de robar una billetera a mano armada a dos ciudadanos. El suceso desencadenó una serie de eventos que mantuvieron a Miranda en el centro de un largo y complejo proceso judicial
El presunto delincuente, un desertor del Ejército con antecedentes penales, perdió la vida en el altercado. La respuesta de sus familiares fue violenta: atacaron la comisaría de Tacalá con piedras y palos. La fiscal Lilia Castillo Chirinos, ante la gravedad del incidente, solicitó prisión preventiva para Miranda.
Así comenzó un largo camino de incertidumbre y lucha legal para el suboficial Elvis Miranda. El 16 de enero de 2019, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla dictó siete meses de prisión preventiva contra él. Esta decisión, respaldada por el entonces ministro del Interior, Carlos Morán Soto.
Prisión preventiva a pedido de la Fiscalía
Tras cinco años de arduo proceso legal, la Fiscalía ha solicitado tres años de prisión efectiva para el suboficial de la PNP. Además, la solicitud del Ministerio Público (MP) al Poder Judicial (PJ) incluye una reparación civil de S/ 50 mil.
El juicio oral del caso está programado para septiembre del 2024, fecha en la que se espera una resolución definitiva por parte del PJ. En esta instancia se determinará si Miranda Rojas volverá a un penal, tal como sucedió en el año 2020.
La lucha que viene llevando durante cinco años
Para Miranda y su familia, estos eventos representaron un calvario emocional y legal. El suboficial fue recluido en el Establecimiento Penal Piura, donde esperó “con la frente en alto”, según sus propias palabras. Sin embargo, su caso siguió siendo objeto de controversia, ya que el Poder Judicial ratificó la prisión preventiva, argumentando que el agente policial había usado su arma de forma desproporcionada.
La situación dio un giro cuando, el 13 de febrero de 2019, Miranda fue puesto en libertad gracias a un Habeas Corpus presentado por el exjuez Emiliano Ramos Álvarez. Esta decisión fue confirmada el 4 de abril del mismo año. No obstante, el proceso legal continuó su curso, con la fiscal Castillo Chirinos pidiendo una condena de 20 años de prisión y una reparación civil de S/ 80 mil.
Los siguientes meses estuvieron marcados por una serie de eventos que incluyeron la sanción de la fiscal Castillo Chirinos y su posterior reemplazo por María Angélica Lazo Alburqueque. Este último acontecimiento retrasó el proceso judicial, ya que la nueva fiscal solicitó tiempo para revisar la extensa carpeta del caso.
En medio de estas turbulencias legales, la familia del acusado buscaba respuestas y justicia. Lucy Rojas, madre del policía, expresó su preocupación y frustración ante lo que consideraba un ensañamiento injustificado contra su hijo. Para ella, era evidente que el policía estaba haciendo su trabajo al defender a la ciudadanía, y la respuesta del sistema judicial era desalentadora.
Ahora, con el juicio oral programado para septiembre de 2024, el destino de Miranda sigue en manos del Poder Judicial. La solicitud de la Fiscalía de tres años de prisión efectiva y una reparación civil de 50 mil soles plantea nuevas interrogantes sobre el futuro del suboficial.
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