Fitch Ratings ha decidido mantener la calificación del Perú en ‘BBB’ para la deuda a largo plazo tanto en moneda local como extranjera, a pesar de la reciente rebaja de calificación por parte de S&P Global Ratings, que colocó al país cerca de perder su grado de inversión.
La empresa de calificación crediticia pronostica un crecimiento del 2,6 % en la economía peruana para el 2024, mostrando un panorama algo positivo a corto plazo. No obstante, la agencia expresa reservas sobre la posibilidad de que el país supere esta tasa de crecimiento a mediano plazo, incluso con el avance de ciertos proyectos que esperan impulsar el aparato productivo nacional. La incertidumbre política, la cual espera se mantenga hasta las elecciones generales del 2026, es señalada como un factor que podría restringir este crecimiento. La continuidad de estas condiciones políticas inestables es vista como un elemento clave que podría afectar el desempeño económico futuro del país.
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De igual forma, la agencia estadounidense criticó que el Congreso de la República aprobara la séptima liberación de hasta 4 unidades impositivas tributarias (UIT) de los aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Según la institución, los mercados internos financieros podrían verse afectados y sumarse a las presiones fiscales a largo plazo. “Además, no se pueden descartar más medidas populistas, especialmente de cara a las elecciones del 2026″, advierte.
Gestión y objetivos fiscales
Fitch Ratings resaltó que Perú posee un nivel de deuda pública más bajo en comparación con países similares de América Latina. La agencia de calificación proyecta una disminución en la deuda del Sector Público No Financiero (NFPS) al 33,8 % del Producto Bruto Interno (PBI) hacia finales de 2024, lo que implicaría un regreso a los índices registrados en 2022.
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Tras la reciente salida de Carlos Oliva del Consejo Fiscal, Fitch Ratings ha expresado preocupación respecto a la gestión fiscal del Perú, anticipando que el país incumplirá nuevamente su meta de déficit para este año. Según la empresa, la remoción de Oliva, quien desempeñaba un papel clave en la supervisión y recomendación de políticas para mantener la sostenibilidad fiscal, podría implicar un retroceso en la disciplina fiscal. Esta situación aumenta la incertidumbre sobre la capacidad del gobierno para manejar de manera efectiva sus finanzas y cumplir con sus objetivos fiscales, siendo un factor que podría influir en futuras evaluaciones de la economía peruana.
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