El Gobierno de Perú ha declarado estado de emergencia en la provincia de Arequipa, localizada en la región del mismo nombre, con inicio este miércoles 17 de abril. El objetivo principal de esta medida es abordar y mitigar los altos niveles de criminalidad que afectan a la zona.
El Decreto Supremo N.º 043-2024-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, detalla que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte establece que Policía Nacional del Perú (PNP) asumirá el orden interno provincial, pero con el apoyo de las Fuerzas Armadas (FF. AA.).
“Y en el Decreto Legislativo Nº 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional”, continúa el texto.
Restricciones y duración de la medida
El estado de emergencia en la provincia de Arequipa fue declarado por veinte días calendario. Se aplicará la restricción y suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales:
- Inviolabilidad del domicilio
- Libertad de tránsito por el territorio nacional
- Libertad de reunión
- Libertad y seguridad personales
El DS N.º 043-2024-PCM no menciona que habrá toque de queda o que los eventos sociales y espectáculos en la zona quedan suspendidos, como sí ocurrió en los estados de emergencia declarados en los distritos de Lima y las provincias de Trujillo anteriormente.
“La implementación de las acciones previstas en el presente Decreto Supremo se financia con cargo al presupuesto institucional asignado a los pliegos involucrados, y a las asignaciones de recursos adicionales autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas”, dice la publicación.
Puntos críticos de la ciudad
En el primer día del estado de emergencia en la provincia de Arequipa, el jefe de la Región Policial Arequipa, general Colín Sim Galván, anunció que ya se iniciaron las acciones de control de identidad en los puntos críticos de la ciudad.
Según detalló la autoridad, el accionar policial se concentrará en el control territorial y presencia policial para optimizar el patrullaje integrado con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Dinoes. En esa línea, Sim Galván mencionó que, para reforzar las medidas de la Policía, desde Lima llegarán agentes de investigaciones y de inteligencia.
Primeros detenidos
Durante el primer día del estado de emergencia en la provincia de Arequipa, la Policía Nacional informó sobre la detención de 15 individuos. Estas acciones se llevaron a cabo como parte de un operativo destinado a mantener el orden público y hacer cumplir las medidas de seguridad en el contexto de la medida de excepción.
La institución precisó que los arrestos fueron el resultado de la identificación de personas con órdenes de captura pendientes por diversos delitos, entre ellos, omisión a la asistencia familiar, falsificación de placas vehiculares, y apropiación ilícita, entre otros.
En este sentido, las fuerzas del orden reforzaron su presencia en la zona para garantizar el cumplimiento de las normativas. Asimismo, se destacó la importancia de estas acciones para prevenir la comisión de delitos y mantener la seguridad ciudadana en un período caracterizado por restricciones y medidas excepcionales.
Antecedentes
Cabe recordar que la presidenta Dina Boluarte sostuvo un encuentro con autoridades locales y regionales de Arequipa en el Palacio de Gobierno la tarde del viernes 12 de abril, con el objetivo de declarar el estado de emergencia en la región sur debido a los elevados niveles de inseguridad ciudadana.
En la reunión, se abordaron estrategias y operativos destinados a fortalecer la seguridad en la región, así como la posible ampliación de infraestructuras para la Policía Nacional. Los burgomaestres de Arequipa expresaron su apoyo y disposición para colaborar con las medidas propuestas, destacando el enfoque colectivo hacia la mejora de la seguridad.
De acuerdo con datos proporcionados por la PNP y el Ministerio Público, Arequipa tuvo un incremento en la incidencia de delitos graves como homicidios, extorsiones, secuestros y robos en los últimos años. Un informe del año 2022 reveló que se registraron 33,930 denuncias en el periodo, incluyendo 336 por robo agravado con armas, 324 casos de extorsión y 121 homicidios.
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