La polémica ley que pretende aprobar el Congreso que reduciría impedimentos para contratar con el Estado

El Congreso de la República, a través de las comisiones de Economía y Descentralización han comenzado a debatir un predictamen que dará forma a la nueva Ley de Contrataciones del Estado. A esta reforma propuesta por el Poder Ejecutivo se pretende sumar una serie de proyectos presentados por los congresistas referidos a la adquisición de bienes, obras y servicios estatales.

Durante la primera sesión de debate, el presidente de la Comisión de Economía, César Revilla, informó que se organizará una sesión conjunta con los equipos técnicos para abordar la incorporación de proyectos pendientes. Aclaró que la demora en este proceso no se debe a falta de voluntad, sino a causas administrativas.

Alejandro Cavero, presidente de la Comisión de Descentralización, señaló también que se intensificarán los esfuerzos para agilizar los procedimientos internos del Congreso con el objetivo de incorporar ciertos proyectos a la discusión. Destacó que entre las propuestas, dos de ellas presentadas a finales de marzo, se enfocan en reformar aspectos clave de la contratación pública, específicamente en lo referente a los impedimentos para contratar con el Estado y los mecanismos de solución de controversias, incluyendo los arbitrajes.

La propuesta actual bajo discusión en el Congreso se fundamenta en tres proyectos: dos originados en el mismo órgano legislativo y una propuesta introducida por la administración de Dina Boluarte a mediados de 2023. No obstante, existe la posibilidad de que se añadan tres proyectos adicionales de ley: el 01789, el 05672 y el 07401.

¿Qué dice los tres proyectos que se incluirán en la nueva ley?

El congresista Alex Paredes, autor del PL 0741, busca modificar el artículo de la norma que define los impedimentos para que los funcionarios puedan contratar con el Estado.

Actualmente, los funcionarios públicos no pueden hacer contratos con el Estado mientras están en su cargo y durante un año después de dejarlo. Paredes propone que esta regla se aplique solo a la entidad específica donde trabaja o trabajó el funcionario. Esto significa que, por ejemplo, un congresista solo estaría limitado para hacer contratos con el Congreso, no con otros órganos del Estado.

La propuesta de Paredes excluye la aplicación de la limitación para el presidente de la República. Ellos seguirían teniendo restricciones para todos los procesos de contratación a nivel nacional, independientemente de la entidad específica en la que hayan trabajado o estén trabajando.

En relación a los familiares de funcionarios o exfuncionarios, la propuesta de limitación para realizar contratos con el Estado es equiparable en términos de duración y cobertura.

Además, el congresista Paredes sugiere que cualquier entidad legal o accionista asociado a una empresa sancionada por incapacidad de contratar con el Estado, quede excluida de participar en otros procesos de selección durante un año después de la sanción.

Respecto al PL 05672 del congresista Germán Tacuri, este se centra en el artículo 45 de la normativa, que trata sobre la resolución de conflictos. Su principal propuesta consiste en establecer un límite financiero para que las disputas sean llevadas ante la Junta de Resolución de Disputas. “Las partes pueden recurrir a la Junta de Resolución de Disputas únicamente en las contrataciones de obras cuyos montos sean iguales o superiores a S/ 100 millones, siendo sus decisiones vinculantes”, indica el PL.

Además, se presentan modificaciones importantes en caso de que se intente rechazar al árbitro elegido. “Si las partes deciden remover al árbitro, dicho profesional queda exento de devolución de honorarios profesionales”, señala Tacuri en su PL.

Otro proyecto de ley que podría ser incluido en el predictamen es el 07189, de su autora María Acuña. Aunque implica una reforma total de la legislación actual, la congresista destacó durante la primera sesión de discusión de las comisiones un cambio específico: el artículo 45, que trata sobre licitaciones y concursos públicos. En resumen, busca garantizar que estos procesos cuenten obligatoriamente con la presencia de un notario público o un juez de paz para aumentar su transparencia, según lo expresado por la congresista.

El presidente de la Comisión de Descentralización adelantó que la nueva norma será rebautizada como “Ley de Contrataciones Públicas” y ya no “del Estado”. “Es un cambio del enfoque general. La actual prioriza el rol de las entidades públicas y las sobrepone sobre el resto de actores. Nosotros creemos que proveedores, contratantes y las entidades cumplen un rol fundamental. Con el cambio de nombre los reconocemos”, indicó.

Cavero también listó seis problemas de la legislación vigente que se espera abordar con la nueva ley. Estos incluyen la falta de proveedores, retrasos en las etapas de preparación de obras, sanciones excesivas a funcionarios por su discrecionalidad, falta de claridad en los requisitos, uso injustificado de contratos sin proceso de selección y problemas relacionados con la paralización y terminación de contratos. “La ley actual data de hace más de 10 años. A pesar de sus múltiples modificaciones no ha corregido problemas. Por el contrario, ha generado obstáculos”, afirmó Cavero.