La Procuraduría Pública Ad Hoc para el caso Lava Jato solicitó que el expresidente Ollanta Humala y la exprimera dama Nadine Heredia paguen una reparación civil de 422.900.376 soles y 1,8 millones de dólares en caso sean hallados culpables de los delitos de colusión agravada, tráfico de influencias y lavado de activos, en el proceso penal por la presunta licitación irregular del Centro de Convenciones de Lima a la empresa brasileña OAS.
El monto se distribuye de la siguiente manera: 422.900.376 soles por el delito de colusión agravada; 1,4 millones de dólares por tráfico de influencias; y 400 mil dólares por lavado de activos.
Dicho monto, en caso se demuestre la responsabilidad penal en juicio, sería cancelado no solo por la expareja presidencial, sino también por los otros investigados en este caso. Estos son el expremier René Cornejo Díaz, el exministro Milton von Hesse, el exviceministro Ricardo Vidal Núñez y otros 15 involucrados.
Según la procuradora adjunta Nory Vega Caro, el millonario monto que se solicita como reparación civil se basa en que la conducta de los imputados habría generado daños patrimoniales y extrapatrimoniales al Estado ascendente al referido monto.
“El daño patrimonial es como consecuencia de los pagos indebidos y el no cobro de las penalidades; mientras que el daño extrapatrimonial está relacionado por la lesión a la imagen institucional del Estado”, indicó Vega Caro.
Se formularon dos oposiciones al pedido de que la Procuraduría pueda ser considerada como actor civil; sin embargo, estas fueron rechazadas por el juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.
“Se determina que la solicitud de constitución en actor civil cumple con las exigencias formales previstas en el artículo 100° del Código Procesal Penal, por ende, debe estimarse el pedido de constitución de Procuraduría Pública, conforme a los fundamentos antes mencionados y desestimarse las oposiciones planteadas”, resolvió el magistrado.
Juicio en trámite
A la fecha, el expresidente Ollanta Humala y la exprimera dama Nadine Heredia enfrentan un juicio oral por presunto lavado de activos. Esto por presuntamente haber recibido aportes ilícitos del Gobierno de Hugo Chávez, Odebrecht y OAS para financiar las campañas presidenciales del 2006 y 2011.
El juicio es llevado adelante por el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, integrada por los magistrados Nayko Coronado Salazar, Juana Mercedes Caballero García (presidenta) y Max Vengoa Valdiglesias.
Antes integraba dicho tribunal el juez Raúl Caballero Laura; sin embargo, este fue retirado por el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, luego de que se confirmara una sanción disciplinaria.
El Tercer Juzgado Penal Colegiado también es el colegiado que tendrá a su cargo el juicio oral contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por presunto lavado de activos, organización criminal y otros delitos. Este caso también es por los presuntos aportes ilícitos que ingresaron a las campañas presidenciales de 2011 y 2016 del fujimorismo.
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