La empresa Pevoex Contratistas S.A.C., fundada por Rómulo Mucho, actual ministro de Energía y Minas, ha acumulado multas que superan los 58 mil soles impuestas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), según difundió el medio digital Convoca. Ante estas acusaciones, desde el Ministerio de Energía y Minas respondieron que Mucho dejó su cargo en la compañía previo a su nombramiento como ministro el pasado 13 de febrero de 2024.
La empresa que brinda servicios de perforación, voladura, y explotación de minas a tajo abierto, ha sido sancionada en diversas ocasiones por incumplimientos en normativas laborales, incluyendo una multa en agosto de 2021 por no enviar información solicitada por Sunafil en Pasco, inicialmente estipulada en 62 mil 392 soles, pero posteriormente reducida a 34 mil 452 soles por el Tribunal de Fiscalización Laboral en julio de 2022.
Otras sanciones incluyen una multa de 9 mil 337 soles por un accidente laboral en febrero de 2017, donde un trabajador sufrió la amputación parcial de un dedo, y otra de 14 mil 940 soles en noviembre de 2021 debido al accidente de un empleado mientras manipulaba manualmente neumáticos pesados, detalla el medio.
La gestión de seguridad y las condiciones laborales bajo las cuales opera Pevoex Contratistas S.A.C. han sido cuestionadas con estas acciones por parte de Sunafil.
Mucho quiere reactivar proyectos mineros con alta conflictividad
El recientemente nombrado ministro Rómulo Mucho afirmó contar con el respaldo del sector empresarial para impulsar confianza entre los inversionistas, destacando su experiencia internacional en la industria minera. Entre sus prioritarias declaraciones, enfatizó en la necesidad de avanzar con proyectos mineros estancados, como Tía María y Conga, proyectos que han enfrentado fuerte oposición en el pasado.
Según detalló el último Boletín de Actualidad Minera del Perú de CooperAcción, los intentos de desarrollar Tía María han resultado infructuosos a lo largo de tres administraciones gubernamentales, enfrentando continuos conflictos socioambientales en la región del Valle de Tambo.
Desde el retiro de un cuestionado estudio de impacto ambiental durante el gobierno de Alan García en 2011, pasando por las masivas protestas contra el segundo estudio aprobado en 2014 bajo la administración de Ollanta Humala, hasta la suspensión definitiva del proyecto en 2019 anunciada por el presidente Martín Vizcarra, debido a nuevas manifestaciones. La persistencia en estos proyectos minimiza los antecedentes de violencia, heridas sociales aún abiertas y la oposición continua de los agricultores locales, resalta la organización.
La estrategia del ministro Mucho para desbloquear estos proyectos controvertidos parece obviar las lecciones aprendidas sobre la importancia de la licencia social para operar en el sector minero. El término “licencia social” se refiere al nivel de aceptación o aprobación que una comunidad local concede a empresas o proyectos, especialmente en sectores que tienen un impacto ambiental significativo como la minería. La experiencia previa sugiere que sin el soporte de las comunidades locales, avanzar en tales iniciativas puede reavivar la conflictividad y las protestas, un riesgo que el optimismo del ministro no parece considerar plenamente.
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