¿Volverá pronto a su cargo? El Poder Judicial admitió a trámite dos recursos de apelación presentados por el suspendido fiscal Rafael Vela en contra de la resolución que ordena su separación del cargo por ocho meses y 15 días, a partir de un proceso disciplinario.
Como se recuerda, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público determinó dicha sanción al considerar que cometió tres infracciones: dos muy graves y una grave. No obstante, el juez Juan Carlos Núñez, del Noveno Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, determinó que las apelaciones presentadas por Vela Barba cumplieron con las formalidades establecidas por ley.
Los documentos a los que tuvo acceso Infobae Perú detallan que las resoluciones apeladas corresponden a las emitidas el 26 de enero y 31 de enero. Ambos recursos presentados contra las decisiones que tomó la magistrada Ana Osorio Sosa, del Tercer Juzgado Especializado Constitucional, fueron concedidas con efecto suspensivo.
Mientras el primer documento ingresado apela a la resolución para que el caso no sea constitucional y pase a un juzgado contencioso administrativo, el segundo está vinculado al rechazo de la medida cautelar presentado por Rafael Vela.
Como se recuerda, la magistrada Ana Osorio adoptó ambas medidas en atención a que su despacho declaró fundado un recurso de excepción de incompetencia presentado por la Procuraduría Pública de Asuntos Jurídicos del Ministerio Público en el que se establecía que la demanda de Rafael Vela para anular el procedimiento disciplinario que origino su sanción debe ser vista en un proceso contencioso-administrativo y no por la vía constitucional del amparo.
Cabe mencionar que, si la Sala Constitucional de Lima admite a trámite las apelaciones deberá convocar a una audiencia virtual para evaluarlos con la participación de las partes involucradas a fin de emitir una decisión final al respecto.
¿Por qué fue sancionado?
La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público suspendió al fiscal superior titular Rafael Vela por un periodo de ocho meses y 15 días por las declaraciones críticas que Vela hizo a los medios hace más de tres años sobre los jueces de la sala superior que decidieron liberar a Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, en el contexto del caso Odebrecht.
Como consecuencia de esta medida, Vela Barba fue apartado de sus responsabilidades al frente de la Coordinación de las Fiscalías para Casos de Lavado de Activos y del Equipo Especial para los casos Odebrecht y Lava Jato.
El fiscal calificó la sanción impuesta en su contra como “arbitraria y abusiva”, argumentando que se basa en “vicios de irregularidad y parcialidad”.
“Esta decisión que ha sido tomada por un fiscal que se hizo cargo de sus funciones el día de hoy (jueves), sin haberme escuchado, sin haber tenido derecho a la defensa”, agregó Vela.

Rafael Vela investigado por declaraciones de Villanueva
En la víspera, el Ministerio Público informó que inició una investigación contra la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides; el exjefe del equipo especial que investiga el caso Lava Jato, Rafael Vela; el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón; la legisladora Ruth Luque y otros seis funcionarios nombrados por el colaborador eficaz Jaime Villanueva en sus declaraciones.
Las diligencias preliminares, a cargo del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, también implican al fiscal supremo Pablo Sánchez; al expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Pablo Talavera; al fiscal Marco Huamán y al exasesor Miguel Girao, ambos allegados de Benavides.
Dentro de las acusaciones, Benavides y Sánchez son investigados como presuntos autores de tráfico de influencias agravado y cohecho activo específico, mientras que Luque enfrenta acusaciones como presunta instigadora de tráfico de influencias agravado.
Talavera, por su parte, es indagado como presunto autor de cohecho activo específico, al igual que Huamán, quien también es considerado cómplice primario del mismo delito. Girao y Vela son investigados por tráfico de influencias agravado, y Cerrón por ser el presunto instigador de tráfico de influencias agravado.
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