El partido político Alianza Para el Progreso (APP) presentó este jueves una iniciativa legislativa para amnistiar a policías y militares que enfrenten procesos judiciales “por el ejercicio de su función” en la “lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado”.
El secretario general de la agrupación, Luis Valdez, remitió un documento al titular del Congreso, Alejandro Soto, horas después de que el líder de APP, César Acuña, se reuniera en Palacio de Gobierno con la presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola y los ministros Jorge Chávez (Defensa), Víctor Torres (Interior) y Eduardo Arana (Justicia).
“Por ello, hacemos llegar a usted una propuesta legislativa para asegurar una amnistía a aquellos miembros de nuestras fuerzas del orden que sean objeto de procesos judiciales por el ejercicio de su función de lucha contra la inseguridad ciudadana y crimen organizado, a partir de las declaraciones de Estado de Emergencia”, continúa.

Valdez remarcó que, ante el “aumento en los índices de delincuencia”, los ciudadanos han experimentado “un creciente temor a ser víctimas” de robos, secuestros y actos de sicariato. “La presencia de bandas criminales dedicadas al narcotráfico, la extorsión y otros delitos graves representa una amenaza no solo para la seguridad, sino también para la estabilidad de nuestra democracia”, apuntó en el texto.
Además, establece que la Comisión de Gracias Presidenciales tendrá autorización para “recomendar la concesión de indultos comunes o conmutación de penas a aquellos policías y militares que sean condenados” por lo mismo. Más temprano, Acuña anunció que su región sería declarada en emergencia y que albergará una base militar en su capital, Trujillo, donde vive el 60% de la población.

“He venido a conversar con la presidenta para que tome a La Libertad como un punto prioritario para revertir el tema de la inseguridad. Del primero de enero hasta ahora, hay más de 33 muertos. ¡Todos los días un muerto!”, se quejó el líder de APP en una rueda de prensa posterior a la cita.
Mencionó, de igual modo, que “en estos días” serán entregadas las camionetas para enfrentar la inseguridad ciudadana y que se ha entregado presupuesto para que su región sea la primera en albergar un Laboratorio de Criminalística a nivel nacional.
“En este pedido que ha hecho el gobernador [a Boluarte], la participación del Poder Judicial es importantísimo. El Ejecutivo va a mover todos los recursos necesarios para combatir el crimen organizado por los próximos 120 días. Todos deben trabajar con el mismo ritmo y vocación”, abundó Valdez en un diálogo posterior con Canal N.
“Nosotros no podemos abandonarlos [por]que, cuando el Perú más lo necesitó, ellos salieron al frente y defendieron nuestra democracia”, dijo entonces Borrero, pese a que en el pasado Amnistía Internacional remarcó que toda amnistía concedida a uniformados objeto de investigación, procesamiento o juicio por cargos relacionados con violaciones de derechos humanos supondría infringir las obligaciones de Perú en virtud del derecho internacional.
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