El Poder Judicial evaluará este martes 30 de enero, a las 9 de la mañana, la solicitud de detención domiciliaria para Alberto Fujimori, en relación con el Caso Pativilca. Esta petición ha sido realizada por la Fiscalía como respuesta a una posible liberación del exmandatario.
La sesión, inicialmente prevista para el 29 de enero, fue reprogramada tras una petición de su equipo de defensa liderado por el abogado Elio Riera. La solicitud para cambiar la fecha fue atendida por el Juzgado Penal Supra provincial Liquidador Transitorio, bajo la dirección del magistrado Littman Ramírez Delgado, para no interferir con otra audiencia, según un informe del El Comercio.
El abogado de Fujimori, Elio Riera, en declaraciones a Octavo Mandamiento, criticó la acción de la Fiscalía de la Nación por considerar cambiar la medida de comparecencia de Fujimori por una de arresto domiciliario, específicamente en el caso Pativilca.
Riera sostiene que esta solicitud “carece de fundamento”, argumentando a favor de la posición legal de su defendido y desafiando la petición de la fiscalía. Este capítulo se suma a la larga lista de acusaciones y procedimientos legales en contra del expresidente, reflejando la continua controversia que lo rodea.
Fujimori y el caso Pativilca: ¿De qué se lo acusa?
La Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad solicitó 18 meses de prisión domiciliaria para el expresidente peruano Alberto Fujimori, afrontando cargos por la masacre de Pativilca en 1992, en la que se le acusa de secuestro, tortura y asesinato de seis habitantes por el Grupo Colina.
Recientemente excarcelado tras una decisión conjunta del Tribunal Constitucional y el Poder Ejecutivo, Fujimori aún tiene pendientes varios procesos judiciales, específicamente por actos cometidos durante su mandato. En este contexto, el caso Pativilca destaca por su implicación directa en violaciones a los derechos humanos, representando un episodio crítico durante su presidencia. Esta solicitud de detención domiciliaria busca asegurar su comparecencia en el proceso legal que se avecina.
El pedido realizado por la fiscal Raquel Cárdenas subraya la necesidad de precaución ante posibles intentos de eludir la justicia Alberto Fujimori, cuyo legado continúa siendo controvertido debido a las acusaciones de corrupción y violaciones a los derechos humanos. El abogado de Fujimori, Elio Riera, ha defendido la salud frágil del exmandatario como una razón para no abandonar el país, al tiempo que reafirma su intención de probar su inocencia frente a las acusaciones actuales. Mientras tanto, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) busca asegurar que se impongan medidas adecuadas para garantizar que Fujimori enfrente la justicia.
Dada la gravedad de los delitos que se le imputan a Fujimori en el caso Pativilca, hay un debate sustancial sobre su capacidad para ser juzgado, considerando un indulto previo que recibió en 2017. Aunque ese indulto fue por razones humanitarias, no cubre específicamente los cargos actuales, lo que abre la posibilidad de una nueva condena si se demuestra su culpabilidad. Este asunto subraya el proceso continuo de rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos y la importancia de la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
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