El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, refutó este martes una de las razones del Gobierno de Dina Boluarte para destituir al general Jorge Angulo, jefe de la Policía Nacional (PNP). Según la resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo tomó la decisión por “negligencias muy graves” y tras verificar que, ante el incremento de la inseguridad ciudadana y de bandas criminales, los estados de emergencia habían fracasado.
“Para el centro de Lima, yo creo que sí han funcionado. Hemos hecho operativos [contra] el Tren de Aragua y Los hijos de dios. Esta gente estaba presente en el jirón Zepita. La orden que hemos dado es clausurar más de cien hostales que no son hostales, [...] quitarles toda autorización municipal y ponerles una estructura de concreto en la puerta para que no se abra más. No estamos jugando”, dijo en una rueda de prensa.
“El apoyo policial es casi diario para atacar los mercados donde venden celulares manchados con sangre. Otro tema importante es que estamos intercambiando información en tiempo real con la PNP y Fiscalía. Si viene a las once de la noche [al centro de Lima], verá que hay tranquilidad y paz. [...] Entonces, en Lima, por lo menos, sí han funcionado los estados de emergencia”, remarcó el burgomaestre.
De igual modo, evitó responder si, a su criterio, Angulo debió mantenerse como comandante general de la Policía, como consideran varios parlamentarios y voces que han calificado esta destitución como ilegal. “Estoy diciendo lo que me corresponde. Las decisiones políticas no son de mi competencia”, mencionó de manera escueta.
El cese del general fue anunciado dos días después de la agresión que sufrió Boluarte durante una visita a Ayacucho. En su reemplazo, el Ejecutivo nombró a Víctor Zanabria, quien fue jefe de la Región Policial de Lima. El propio Angulo ha confirmado que ese incidente fue usado como pretexto para “descabezar” la entidad y dijo sentirse “decepcionado” con la decisión de la jefa de Estado de pasarlo al retiro.
Durante una sesión en la Comisión de Defensa del Congreso, diputados de diversas bancadas recordaron que el Legislativo promulgó por insistencia la Ley 31750, que establece que el mandato del jefe policial dura dos años y que fija una serie de causales para interrumpir dicho periodo (muerte, solicitud de pase al retiro, incapacidad física, falta muy grave dictada por Inspectoría, comisión de delito doloso y comisión de delito flagrante).

En la resolución suprema que cesa a Angulo, suscrita por Boluarte y el ministro del Interior, Víctor Torres, no se precisa qué dio paso a la remoción. Al momento de intervenir, el titular del portafolio indicó que esta norma “no ha sido reglamentada” y, por tanto, no está vigente. “Repito, la ley no ha sido reglamentada y es facultad de la señora presidenta designar al nuevo comandante general, como es así que lo ha hecho”, arguyó.
Aunque el Gobierno anunció que las tenía “debidamente identificadas” y que “se está procediendo a su captura”, hasta ahora no ha hecho mención a sus identidades ni ha asociado la agresión con las muertes en protestas, un caso por el que la jefa de Estado ha sido denunciada.
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