Jorge del Castillo y Juan Peña, abogados de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, denunciaron este martes que seis “licenciados del Ejército” irrumpieron en la vivienda de su patrocinada para increparle por unos supuestos depósitos que había realizado, según el testimonio, a cambio de una “gestión” no contemplada.
En una rueda de prensa convocada a última hora, los letrados detallaron que la presencia de los implicados, a quienes la magistrada “no conoce”, fue registrada esta mañana, cuando el colaborador eficaz Jaime Villanueva, exasesor de Benavides, declaraba ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
“Estas personas dejaron unos teléfonos. He hablado con uno de ellos [...] y me refirió que una señora N les había conectado para que ella [Benavides] los ayudara con una gestión en el Congreso. Le pregunté si tenía que ver con un procedimiento de orden fiscal o judicial, y me dijeron que no [...] ¿Qué tiene que ver la doctora con una ley que el Congreso pueda dar eventualmente en favor de licenciados del Ejército?”, cuestionó.
Según Del Castillo, su interlocutor le mencionó que había realizado hasta 17 depósitos, de los cuales solo presentó. Todos se encuentran “a nombre” de Benavides y fueron realizados mediante el Banco de Crédito del Perú (BCP) “entre el 25 y 27 de noviembre”, cuando se desarrolló la operación Valquiria V, a cargo del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (Eficcop), que acusa a la magistrada de ser la cabeza de una red criminal de tráfico de influencias.
Por su parte, el letrado Juan Peña declaró a los periodistas que “hay una persona que se ha hecho pasar por Benavides para pedir favores políticos”, razón por la cual evalúan la presentación de una denuncia por suplantación de identidad. ”Entendemos que podrían ser víctimas de un estafador, que busca beneficiarse de actos que ella nunca ha realizado”, mencionó sobre las personas que acudieron a la vivienda.
La fiscal es actualmente investigada por siete delitos de corrupción por presuntamente haber encabezado una mafia de tráfico de influencias al interior del Ministerio Público, que, según la investigación, facilitó la remoción de su antecesora y la designación del actual defensor del pueblo, entre otros casos.
Los abogados de Benavides solicitaron que antes de tomarle declaración, Tumialán resuelva una tacha, presentada en la víspera, en la que aducen que el colaborador eficaz ajusta sus declaraciones en función de su interés. Sin embargo, la instructora prosiguió con la diligencia y la tacha se resolverá posteriormente, de acuerdo con Epicentro TV.
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