El ministro del Interior, Víctor Torres, informó este martes que los dos policías que trabajan como escoltas del hijo de la mandataria Dina Boluarte “estaban semidormidos” cuando fueron asaltados en el distrito de La Victoria. Ambos fueron despojados de sus armas de reglamento, además de sus celulares, un reloj, documentos y tarjetas personales.
Posteriormente, los asaltantes huyeron con dirección desconocida. “No ha sido a la escolta de la señora presidenta, sino a la del hijo, sin que él esté presente [en el momento del robo]. Ya se están tomando las medidas disciplinarias con ese personal que se encontraba aletargado, semidormido”, señaló el titular al ser cuestionado en el Congreso.
Torres señaló que la Inspectoría General y el área de Recursos Humanos de la institución tomarán “medidas drásticas” contra los agentes que “han cumplido su función de seguridad de manera negligente”, además de sus jefes. “No es posible que sucedan esas cosas con personalidades de nuestra Nación. Si eso sucede [con el hijo de la presidenta], ¿qué será para abajo? Por lo tanto, repito, emplazo a la PNP y los responsabilizo por lo que ha sucedido”, continuó.
El caso será investigado por la Dirección Investigación Criminal (Dirincri), a cargo del general Carlos Céspedes. Ni Boluarte ni el jefe del Gabinete, Alberto Otárola, se han pronunciado hasta el momento, pese a que en el país se han disparado los índices de criminalidad.
No vive en el distrito
Una residente de La Victoria aseguró a la emisora que el hijo de la mandataria, ausente durante el robo, no radica en esta jurisdicción. “En ningún momento hemos visto a nadie que sea personaje del Gobierno. Por acá viven unos ministros, pero lejos, a tres cuadras, más o menos”, señaló.
“[Uno de los agentes asaltados] bajó de su carro, nos enseñó su placa y nos dijo que quería saber si la cámara [de seguridad] era mía y le dijo que no [...] Le pregunté qué hacían por acá, y me dijeron ‘hemos venido de visita a un familiar’. Nada más”, añadió.
En noviembre pasado, el Gobierno extendió por 60 días el estado de emergencia en nueve distritos del país, dos de ellos en Lima, para combatir el crimen organizado y la delincuencia con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Por entonces, el Congreso censuró entonces al ministro del Interior, Vicente Romero, debido al “fracaso” de esta medida.
Según los datos oficiales, hasta 2023 fueron desarticuladas 181 organizaciones criminales y 11.598 bandas, y fueron capturadas 68.660 personas con requisitorias. De acuerdo con un estudio del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 80 % de los peruanos se siente expuesto ante la delincuencia, que se ha incrementado a nivel nacional, con casos que van desde asaltos y extorsiones, hasta secuestros y asesinatos cometidos por sicarios.
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