General Víctor Zanabria asegura que responsabilidad de policía con prisión preventiva por caso Rosalino Flórez “es individualísima”

A pocos días de cumplirse un año de las protestas en contra de Dina Boluarte, que cobró la vida de más de 50 peruanos, el Poder Judicial dictó prisión preventiva por 18 meses contra el suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Joe Erik Torres Lovón. Sin embargo, esta decisión se basa solo en el caso del asesinato de Rosalino Florez, estudiante que recibió más de 30 perdigones en las movilizaciones sociales en Cusco.

Esta noche, en conferencia de prensa, se le consultó al general Jorge Angulo, comandante general de la PNP, sobre la postura de la institución. En este caso, la autoridad decidió dar la palabra al director de Orden y Seguridad (Dirnos), Víctor Zanabria, quien señaló que son responsabilidades “individualísimas”.

Además, aseguró que la institución continuará protegiendo los derechos humanos de las personas “incluyendo a aquellos que de manera violenta podrían infringir la ley”. A su vez, precisó que todas las investigaciones que se desarrollan en Cusco y otras regiones que se reportaron fallecidos tienen el “respaldo” de la PNP.

Asimismo, volvió a recalcar que “en las investigaciones la responsabilidad es individualísima”. Mientras tanto, aseguró que el estudiante falleció por recibir impacto de plomo, el cual los efectivos “no utiliza”. Es así como aseguró que serán las investigaciones de determinar si el hecho se da por  “desconocimiento del uso del cartucho o porque de manea intencional se haya cambiado la munición”.

Poder Judicial dicta prisión preventiva

Con tan solo 22 años, Florez Valverde falleció luego de luchar por varias semanas por su vida después de recibir más de 30 impactos de perdigones por la espalda. Estas balas le dañaron y perforaron los órganos vitales. Aquel 11 de enero, había acudido a la marcha en contra del régimen de Dina Boluarte que se desarrollaba en varias regiones.

Para salvarle la vida, fue trasladado a Lima, donde no resistió y se convirtió en la última víctima mortal de las protestas en Perú. De esta manera, hasta la fecha, Joe Erik Torres es el único efectivo que está siendo investigado por estas movilizaciones sociales.

Cabe precisar que también se abrió investigación contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes en las protestas como la máxima representante. Sin embargo, hasta el momento, estas diligencias continúan en curso, a pesar de haberse cumplido más de 360 días.

¿Qué pensaba el general de los informes de la CIDH?

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó que las muertes en las protestas en el Perú podría calificarse como una “masacre”. Ante ello, el general Zanabria afirmó que estos informes eran “totalmente sesgados”.

“La línea de comando acaba en el comandante general. Nosotros no recibimos órdenes el ministro, del premier, de la presidenta. Las disposiciones son de carácter político, las estrategias cómo se manejan son de nosotros”, agregó.

En tanto, aseguró que el Congreso deberá investigar a la presidenta por una presunta responsabilidad política. “Viene la evaluación individual de qué sucedió, la Fiscalía debe evaluar si hay elementos de convicción para ver un homicidio calificado o ver que ha sido una intervención del uso de las armas de fuego”, señaló.