La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, cometió un lapsus durante una entrevista difundida este domingo en el documental ‘Golpe y caída’ (Latina), que sigue el día previo y los sucesos que se desencadenaron tras el fallido autogolpe de Pedro Castillo (2021-2022) en diciembre pasado.
La titular del Ministerio Público contó que una de las primeras medidas tomadas en coordinación con el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop), a cargo de la cesada Marita Barreto, fue poner a salvo las carpetas que contenían información sobre esas pesquisas contra el exgobernante.
En menos de dos años, Castillo acumuló una cadena de investigaciones preliminares referidas a supuestas presiones a los jefes del Ejército y de la Fuerza Aérea para favorecer a algunos oficiales en el proceso anual de ascensos, por presuntas irregularidades en el Puente Tarata, por tráfico de influencias en el caso Petroperú, por el presunto plagio de su tesis, por un caso de corrupción en Anguía, por el ‘Gabinete en la sombra’ y por los sobornos que la empresaria Sada Goray admitió haber entregado al exasesor Salatiel Marrufo.

Benavides solo respondió por tres, aunque de manera imprecisa. “Sobre la tesis no, no la manejaba el equipo especial [Eficcop]”, precisó a continuación, visiblemente nerviosa. La tesis que presentó Castillo, junto a su esposa, Lilia Paredes, para optar por el grado de maestría en 2012, presentaba más de la mitad de contenido presuntamente copiado de otros autores, que no fueron mencionados en la bibliografía, según Panorama.
Sin embargo, el ex jefe de Estado desmintió “cualquier acto irregular” y aseguró que su trabajo “carece de legitimidad” porque no tenía ningún sello que confirme que es el original. Una pesquisa similar enfrenta su sucesora y exaliada política, Dina Boluarte.
La participación de Benavides en el documental ocurre una semana después de que el Eficcop y la Diviac realizaran detenciones y allanamientos de viviendas y oficinas de sus asesores y exasesores, como parte de la investigación de una presunta organización criminal en la cúpula del Ministerio Público.

Esa organización es acusada de influir “ilícitamente en decisiones de congresistas” para la destitución de los titulares de la Junta Nacional de Justicia, la designación del actual defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, y la inhabilitación de la ex fiscal general Zoraida Ávalos.
En ese sentido, presentó de inmediato una denuncia constitucional en el Congreso por el delito de homicidio calificado contra la presidenta Dina Boluarte, el primer ministro, Alberto Otárola, y otras altas autoridades. La mandataria, por su parte, señaló que esta decisión era una “deleznable maniobra política” con la que pretende “distraer la atención” de la ciudadanía.
Este encontronazo inédito de las mujeres más poderosas del país ha sido comparado con la legisladora Susel Paredes (Cambio Democrático – Juntos por el Perú) con una novela mexicana.
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