Este sábado 25 de noviembre, en conmemoración del Día de Eliminación de la Violencia contra la Mujer y como parte del lanzamiento de la campaña ¡Actuemos ya! Salvemos a las niñas de la violencia sexual, la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, estuvo presente en el evento oficial para pronunciarse sobre esta problemática tan urgente en nuestro país.
En un primer momento, la mandataria rechazó este tipo de abusos en contra de las menores y aseguró, de manera categórica, que en su gestión se iba a hacer lo posible por reforzar las sanciones en contra de los agresores sexuales a fin de evitar que estos casos sigan en aumento.
Sin embargo, lo que encendió las alarmas de los y las especialistas fue que, como parte de su pronunciamiento, Boluarte se refirió a estos abusadores de menores como “personas enfermas” y “de mentes insanas”, una expresión que ha sido ampliamente rechazada y que, incluso desde su Gobierno, ha quedado ampliamente descartada.
Los violadores de menores no son personas enfermas

Para Victoria Solis Peña, experta en litigio en casos de violencia de género y procesos relacionados con los derechos humanos de las mujeres del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, es vital que la ciudadanía tenga en claro que no podemos hablar de “enfermos mentales” cuando nos referimos a los abusadores sexuales de las menores.
Uno de estos estudios fue desarrollado por el propio Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el 2018, titulado ‘Agresiones sexuales: antecedentes y trayectorias sexuales de adultos mayores recluidos por delitos sexuales’, a fin de entrevistar y analizar las respuestas de abusadores de más de 60 años que fueron internados en el penal de Lurigancho. Entre las conclusiones destacó que “el machismo desempeñaría un rol importante en el fenómeno de la violación, expresándose, por ejemplo, en visiones que desmerecen a las mujeres y las colocan como las causantes de sus males”.
Todo parece indicar que esta no es una problemática que se desarrolla de esta manera únicamente en nuestro país. Y así lo expresó Solis Peña, quien destacó el estudio de Rita Segato, uno de los más conocidos sobre el tema, en las cárceles de Brasil para demostrar que “los violadores sexuales, en realidad, no eran personas que estaban atravesadas por problemas de salud mental como factor determinante, sino que también que había una cuestión cultural asociada a las ideas que tenían las personas condenadas por delitos de violación, en la que se pudo ver que la violación representaba un acto de poder, un acto de castigo, del agresor sobre su víctima”.

Este discurso quita responsabilidad a los agresores
Lamentablemente, Dina Boluarte no es la única peruana que comparte este discurso estigmatizante y lleno de estereotipos. El último informe de la Asociación de Comunicadores Calandria —desarrollado con apoyo de la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid)— titulado Estudio de Percepción sobre Violencia, Roles y Estereotipos de Género: Desafíos desde los Medios de Comunicación reúne las opiniones de la población de Lima, Piura y Cusco sobre este tema.
Uno de los resultados más preocupantes fue que, en todos los lugares en los que se aplicó el sondeo, se coincidió en que la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas se debe principalmente a que “hay personas enfermas sexuales”.
Dicha postura ha sido compartida por Solis Peña, quien explicó que las relaciones de poder se han encontrado como uno de los factores en común cuando se analizan las conductas de los agresores sexuales. Además, resaltó que asignarles la errada justificación de la enfermedad mental les permite deslindar responsabilidad con respecto al delito cometido.

“De alguna forma es no aceptar que los violadores sexuales tienen discernimiento y tienen capacidad de decisión. Los actos que ellos cometen son actos dolosos, no existe una violación sexual culposa —o sea, cometida sin intención—, todo delito de violación sexual se comete por una persona, un sujeto activo, que está en plena capacidad y que toma la decisión de hacer ese acto de violencia sobre el cuerpo y la vida de su víctima. Entonces, incluso jurídicamente y científicamente, no está avalado lo que afirma la presidenta de la República, y es una vergüenza que ella lo diga en este día tan importante, como es el 25 de noviembre, en el que una de las cosas más importantes que tendrían que hacer las autoridades es visibilizar las causas reales y estructurales que originan la violencia”, explicó.
Políticas públicas reconocen a las relaciones de poder
Para la integrante de Flora Tristán, los diversos estudios han demostrado que, más que ser un asunto de salud mental, la violencia sexual se torna en un “problema social y cultural”, puesto que la misma Política Nacional de Igualdad de Género señala claramente que uno de los factores estructurales de la violencia contra las mujeres tiene que ver con estas relaciones históricas de poder que generan los roles tradicionales en hombres y mujeres.

Por ello, consideró que, además de estigmatizar un grupo importante del país con diagnósticos de salud mental, “el discurso de la presidenta distorsiona la realidad y debilita la comprensión de la ciudadanía sobre las causas reales de la violencia sexual”.
“Lo peor es que también desconoce el marco conceptual que las políticas públicas en el Perú se han adoptado en relación a la violencia contra las mujeres. Esto me parece importante resaltar porque la propia Política Nacional de Igualdad de Género, la Ley 30364, reconoce como una de las causas estructurales de la violencia a estas relaciones de poder de género, que más bien deben ser transformadas por el Estado y visibilizadas como tal”, concluyó.
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