Alerta ambiental: Congreso impulsa ley que amenazaría pueblos indígenas aislados y áreas naturales protegidas

Un nuevo golpe parlamentario pondría en riesgo a los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y en Contacto Inicial (PIACI), áreas naturales protegidas y cuatro comunidades nativas en la provincia de Manu, una de las tres que conforman el departamento de Madre de Dios, en la Amazonía peruana.

Esto luego que, el pasado lunes 30 de octubre, el congresista por Alianza para el Progreso (APP) y presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, Eduardo Salhuana Cavides, presentara una iniciativa legislativa que declara de interés nacional la planificación y construcción de tres obras viales.

Se trata del Proyecto de Ley 6259/2023-CR, el cual incluye el desarrollo de una carretera, con una extensión de 96 kilómetros, que busca unir las localidades Boca Manu y Boca Colorado, en los distritos de Fitzcarrald y Madre de Dios.

Cerca a estos dos puntos se encuentran el Parque Nacional del Manu, la Reserva Comunal Amarakaeri y la Reserva Territorial Madre de Dios. Tres áreas naturales protegidas donde viven y se desplazan los pueblos indígenas aislados, cuya existencia se encuentra en alto nivel de vulnerabilidad en comparación a cualquier otro grupo de la sociedad nacional por enfermedades, impactos ambientales, entre otros factores.

Además, con su ejecución, serían afectadas las comunidades nativas Masenawa, Boca Isiriwe, Isla de los Valles y Puerto Azul.

¿Quiénes son los otros congresistas que respaldan esta iniciativa?

El proyecto de ley presentado por el parlamentario de APP cuentan con el respaldo de cinco congresistas de su misma bancada. Esto son: Roberto Chiabra, Nelcy Heidinger, Idelso García, Elva Julon y Rosio Torres, quienes ya han colocado su firma en el documento.

En torno a los otros dos proyectos viales que impulsa esta normativa está la construcción del óvalo El Triunfo y del puente Carlos, ubicado en la misma carretera Interoceánica —construida por empresas brasileñas como Odebrecht, involucrada en el mayor caso de corrupción de América Latina—, antes de cruzar el puente Billinghurst. En esa línea, se sabe que ambos proyectos cuentan con estudios preliminares, a diferencia de la vía Boca Manu-Boca Colorado, que se pretende declarar de interés nacional.

Sobre ello, de acuerdo a un análisis elaborado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), el especialista legal Bryan Jara advierte que: “la priorización de la ejecución de una carretera no resulta conveniente que sea mediante una ley mientras no se cuente con un adecuado sustento a nivel ambiental, económico y social”.

Por su lado, Franshesca Gamarra, abogada del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA, alerta que la vía representa un “riesgo a la vida, integridad y la salud de los PIACI”. Como se recuerda, los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en contacto Inicial no es la primera vez que se ven en peligro frente a este tipo de iniciativas legislativas.

La más reciente fue impulsada por el congresista de Fuerza Popular, Jorge Morante, quien presentó un PL en noviembre de 2022, desde donde se pretendía que modificar la Ley PIACI, dejando la administración de las reservas indígenas en manos del Gobierno regional y no de un “decreto supremo” respaldado por el Ministerio de Cultura.

Sin embargo, esta quedó sin efecto después que la Comisión de Descentralización del Congreso de la República votara a favor de inhibirse en la modificación.

Propuesta de Salhuana no considera proceso de consulta previa

También, el informe de la SPDA agrega que la propuesta de Salhuana podría suponer el incremento de economías ilegales, tales como minería ilegal, narcotráfico, tráfico de tierras, entre otros.

Pues, al no preverse a tiempos “las externalidades negativas” hacia las comunidades locales e indígenas, la construcción de dichas vías representaría una ventaja para la expansión y conectividad vial de los grupos ilegales en estos territorios. Una situación que incrementa los riesgos ante el aprovechamiento ilegal e insostenible de los recursos naturales y, por ende, la amenazas para personas defensoras del ambiente y del territorio.

En ese sentido, los especialistas exhortaron al Mincul a pronunciarse sobre el proyecto de ley del congresista de APP, resaltando que este no ha considerado un proceso de consulta previa en favor de los derechos colectivos de los pueblos indígenas que serían afectados.