Excluirán del registro científico nacional a profesionales que registren publicaciones ‘bamba’

Luego de que se revelaran más pruebas que en el país existirían grupos dedicados al tráfico de compra y venta de artículos científicos, hoy, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) comunicó que se ha dispuesto iniciar una investigación para determinar la responsabilidad de los investigadores que figuren en el Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica (Renacyt) y que estén involucrados en los hechos denunciados.

En su pronunciamiento, el Concytec, —entidad adscrita a Presidencia del Consejo de Ministros— ha manifestado que la situación representa un atentado contra la ética e integridad de la práctica científica.

Por ello, una vez que se establezcan a los “investigadores” que cometieron prácticas fraudulentas, se efectuará —de manera inmediata— su exclusión del Renacyt. Esto por proporcionar información o documentos falsos para su calificación o mantenimiento activo o promoción.

Asimismo, señalaron que se ha ordenado la actualización del Reglamento del Renacyt, elaborando (en un plazo de 30 días calendario), una nueva propuesta para mejorar los criterios de calificación y clasificación que se soliciten durante el proceso de solicitud Renacyt.

Posterior a ello, las personas que logren formar parte de dicho registro deberán adecuarse a un nuevo proceso que fiscalización, el cual se desarrollará con herramientas tecnológicas.

También, se realizarían cambios en el Código Nacional de Integridad Científica (CNIC) y el Reglamento de Infracciones y Sanciones (RIS) para establecer un registro de faltas relacionadas a la compra de autorías con sanciones que corresponda a la gravedad de estos hechos.

Entre los hechos que se revelaron en el reportaje de Punto Final, uno que llamó la atención fue la vinculación de un docente que enseñaba en la Universidad César Vallejo, en la sede de Trujillo, que registraba hasta 73 publicaciones científicas (correspondientes a los años 2022 y 2023) las cuales habrían sido pagadas por él mismo para adjudicarse la autoría de las investigaciones. Su nombre es José Luis Arias (32).

De acuerdo al vicerrector de Investigación de la UCV, Jorge Salas, a pesar que el docente ha sido separado de la institución de educación superior, Arias continuaría trabajando en la Escuela de Ingeniería Industrial (Trujillo), dictando los cursos de Investigación, Metodología. A su vez, precisó para Latina que: “La UCV no ha financiado ni ha reconocido investigación por este señor”.

Punto Final confirmó que las mafias de investigaciones operan través de grupos de WhatsApp y Telegram. A través de ambos canales se ofrecen y ponen a la venta las investigaciones a quienes pagan más. Luego, la persona interesada elige en qué posición de coautor desea ser colocado.

En el caso del exdocente de la UCV, este fue descubrierto por Yape. El aplicativo móvil creado por el Banco de Crédito con el cual Arias efectuaba los pagos relacionados a los textos científicos. Asimismo, se reveló que en un trabajo de Arias aparece otra persona: Juan Carlos Cotrina Aliaga, quien también es docente de la UCV.

Cabe resaltar que otro de los docentes vinculados a este presunto delito es Juan Carlos Cotrina Aliaga, quien también es docente de la UCV.

Sobre la estrategia utilizada por estas mafias, Percy Mayta, investigador de la Universidad Científica del Sur (UCSUR) detalló para el medio televisivo que: “Lo primero que nos dimos cuenta es que esta red de coautoría era muy grande, que incluye a docentes, investigadores, autoridades de universidades (...). Cuando se descubre este caso, y se ventila en redes sociales, el chat inicial desaparece”.