Congreso aprueba eliminar el matrimonio infantil en Perú, un paso para desterrar la violencia de género

Con 113 votos a favor y ninguno en contra, el pleno del Congreso aprobó este jueves eliminar el matrimonio infantil, una práctica nociva que, según Naciones Unidas, afecta de forma desproporcionada a las niñas y adolescentes, a quienes expone a la violencia y las empuja a la deserción escolar.

La sesión comenzó por la mañana, pero pasó a cuarto intermedio después de que la legisladora fujimorista Rosangella Barbarán indicara que debía modificarse el texto sustitutorio, que finalmente recibió respaldo mayoritario, fue exonerado de una segunda votación y quedó listo para su promulgación.

El proyecto de ley, presentado a finales de 2022 por Flor Pablo (Integridad y Desarrollo), establece como prohibición especial que los menores de 18 años puedan contraer matrimonio, con lo cual estas uniones serían declaradas nulas. Ahora la iniciativa pasará por el visto del Ejecutivo, que puede darle luz verde u observarla.

Hasta la fecha, los adolescentes desde los 16 años podían contraer matrimonio con el permiso de sus padres y, solo entre 2013 y 2022, hubo más de 4.000 uniones legales con menores en el país, lo que incluyó 27 bodas al año en promedio con menores de 16 años desde 2012.

“Hoy es un día importante para la protección de nuestra infancia. Gracias al trabajo en equipo con organizaciones sociales, lideresas comunitarias y colegas congresistas, se logró erradicar esta práctica nociva que condenaba a nuestras niñas a un círculo de abuso, pobreza y estancamiento de sus proyectos de vida, especialmente en las zonas más alejadas del país”, celebró la parlamentaria.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que dio luz verde a la iniciativa en junio pasado, hizo lo propio al señalar que la “prohibición del matrimonio infantil es una victoria para la sociedad y un paso hacia la erradicación de la violencia de género”. Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables consideró que se trata de un “hito importante” y abre la puerta a que el Perú sea “un país igualitario y protector de los derechos de la niñez y adolescencia”.

Bajo la etiqueta de ‘son niñas, no esposas’, organizaciones feministas como Flora Tristán y el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) remarcaron que la ley “garantiza el derecho a vivir una vida libre de violencias a niñas y adolescentes”.

El artículo 42 del Código Civil, que apunta a ser suprimido con la fórmula aprobada, incluye la siguiente frase: “Excepcionalmente, tienen plena capacidad de ejercicio los mayores de catorce años y menores de dieciocho años que contraigan matrimonio, o quienes ejerciten la paternidad”.

A lo largo de su intervención, el parlamentario drenó una serie de absurdos para respaldar su postura frente a una práctica que, legal o no, informal o consensuada, representa una de las formas más generalizada de abuso sexual, de explotación y de violencia, principalmente contra las niñas, de acuerdo con la agencia de la ONU.

En la última década, el país registró casi 5.000 matrimonios infantiles, 464 de los cuales involucran a menores de 16 años y seis, a menores de 11, 12 y 13 años; todas mujeres, según datos del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) difundidos por La República. La entidad no respondió al diario cómo logró inscribir estas últimas uniones ilegales. Aunque también hay niños que se casan antes de los 18 años, no es un cuadro común ni intervienen las mismas causales que para las niñas.

“Resulta que el matrimonio en el Perú se ha vuelto disfuncional. Hoy la gente no se casa, todas son uniones de hecho. Desde los 14 ya están embarazadas las chicas. Con la ley queremos prohibir aquellas personas que resultan embarazadas siendo menores de edad, ¿pero cómo?, si el sexo lo mantienen más allá de lo que se ha dicho aquí —que, en algunos casos, los padres las venden a las chicas en la selva”, dijo Balcázar al justificar su abstención.

Precisamente, antes de la aprobación, Balcázar avaló las relaciones sexuales entre menores y adultos, incluido educadores, en un país donde el 74 % de violaciones contra niñas son llevadas a cabo por un familiar o alguien del entorno cercano. Las declaraciones fueron condenadas por el portafolio de la Mujer, que ha elaborado una propuesta similar para suprimir las uniones con menores.

Sin embargo, a diferencia de la fórmula aprobada recientemente, la propuesta de la cartera agrega un mecanismo de denuncia y acción para que cualquier persona con conocimiento de una unión temprana y forzada pueda elevar una denuncia ante el Ministerio Público para que actúe de oficio.