Perú Libre propone que jueces y fiscales sean elegidos por voto popular para siete años

El documento lleva las firmas del segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, así como Américo Gonza, Kelly Portalatino y otros partidarios

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Foto panorámica de los miembros
Foto panorámica de los miembros de la Mesa Directiva del Congreso de la República. Foto: Congreso / Flickr

La bancada de Perú Libre presentó el último miércoles un proyecto de ley de reforma constitucional que plantea que los jueces y fiscales del país sean designados por voto popular para siete años y que, una vez transcurrido este período, puedan postular a una reelección inmediata.

La iniciativa —que lleva las firmas del segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, así como el extitular de la Comisión de Justicia, Américo Gonza, Kelly Portalatino, Margot Palacios y otros partidarios—, busca “unificar el modelo” y “resolver el nivel de confianza del Poder judicial y el Ministerio Público”.

La fiscalización de los comicios quedaría a cargo del JNJ y la entidad encargada de supervisar el proceso de elección de los candidatos sería la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la autoridad máxima en la organización y ejecución de los procesos electorales, referéndum y otros tipos de consulta popular.

Desde la izquierda, los integrantes
Desde la izquierda, los integrantes de la mesa directiva del Congreso peruano, Hernando Guerra García, Alejandro Soto, Waldemar Cerrón, y Rosselli Amuruz, en una fotografía de archivo. EFE/ Aldair Mejía/POOL

La fórmula legal también deja en manos de la JNJ la eventual destitución de jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos. En este último caso, “será posible la aplicación de amonestación o suspensión de hasta ciento veinte (120) días calendario” y la resolución “tiene naturaleza de inimpugnable”.

De igual modo, incorpora un inciso que establece como único requisito “haber sido elegido mediante proceso de elección popular” que para ser magistrado de la Corte Suprema.

La propuesta fue recibida el mismo día en que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de Perú aprobó un informe que propone la destitución de los siete miembros de la JNJ por una presunta “causa grave en el ejercicio de sus funciones”.

Aldo Vásquez, exministro de Justicia
Aldo Vásquez, exministro de Justicia y vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia. Foto: Congreso

La decisión fue tomada con 15 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, y ahora el informe deberá ser redactado y enviado ante el pleno para su debate y votación. La medida se tomó tras considerar que hubo una “intromisión” de los miembros de la JNJ en funciones del Legislativo, pese a que organismos nacionales e internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestaron su preocupación por la investigación y solicitaron que se respete “el debido proceso”.

Los juristas fueron sometidos a una investigación sumaria tras ser acusados de haber emitido un pronunciamiento a favor de la ex fiscal general Zoraida Ávalos, así como del presunto “incumplimiento de deber constitucional” y de su ley orgánica, por no haber presentado un informe anual ante el Congreso, y la “filtración” de información sobre un procedimiento disciplinario que se sigue contra la actual titular del Ministerio Público, Patricia Benavides.

A pesar del apoyo mayoritario de los legisladores de bancadas de derecha y de izquierda que integran el grupo parlamentario, la legisladora Ruth Luque emitió un informe en minoría que remarca que no hay falta grave ni causal de remoción.

Cuando se anunció el inicio de esta investigación, la JNJ consideró que se trataba de una amenaza al “ejercicio independiente de sus funciones” y que la eventual remoción de sus miembros “constituiría un quiebre del orden constitucional y del equilibrio de poderes”.