
La Procuraduría General del Estado solicitó este viernes a la Fiscalía de la Nación inicie una investigación preliminar de oficio contra la congresista Rosselli Amuruz (Avanza País) por la contratación de personas allegadas a su pareja, Paúl García, en dependencias del Parlamento.
La entidad liderada por el procurador Daniel Soria Luján indicó, en su pedido replicado en sus redes institucionales, que la tercera vicepresidenta de la Mesa Directiva de Alejandro Soto habría cometido el presunto delito de negociación incompatible que tiene una pena no menor de cuatro ni mayor de seis años de cárcel.
Todo esto nace a raíz de denuncias aparecidas en el programa Punto Final y el diario El Comercio, donde se informó que Amuruz habría colocado familiares y amigos de García en algunas oficinas del Legislativo.
Alejandra García Oviedo, la hermana del novio de Amuruz, se integró al Área de Calidad Legislativa que pasó a ser administrada por su despacho tras un pedido del 13 de setiembre pasado que fue respaldado por sus compañeros de la Mesa.

Actualmente, la hermana de Paúl García gana un sueldo que bordea entre S/ 8 000 a S/ 9 000. Sin embargo, la contratación de esta abogada y exregidora durante la gestión del exalcalde de Lima, Jorge Muñoz, fue el hilo de la madeja de lo que después se revelaría.
También se descubrió que Rocío Beltrán y Cénit Málaga, extrabajadores de García, pasaron a estar en la planilla de colaboradores de Amuruz desde julio pasado.
Igualmente pasó con Erik Enrique Tirado, hermano del comunicador Christian Enrique Tirado que perdió la vida durante la fiesta de García en Lince.
Tirado visitó a Amuruz el 10 de agosto pasado. Tras este encuentro se unió a la Oficina de Comunicaciones del Legislativo como auxiliar.

Finalmente, Roy Enrique labora desde inicios de setiembre como técnico de la Comisión Especial Capital Perú, donde Amuruz fue la presidenta.
Viajes a placer
Por otro lado, una investigación del Centro Liber también destapó que Rosselli Amuruz viajó a Colombia, Panamá, España, República Dominicana y Argentina en semana de representación. Coincidentemente, el exparlamentario Paúl García estuvo en los citados países y en las mismas fechas que la integrante de Avanza País.
Incluso, Amuruz Dulanto se atrevió a cobrar el bono de S/ 2.800 destinado a los gastos de apoyo logístico para atender a las provincias y pueblos del país que tienen la intención de visibilizar sus distintas demandas.
Por estos hechos es que un grupo de legisladores de izquierda presentó una moción de censura contra la tercera vicepresidenta para alejarla de la Mesa Directiva, pero las bancadas del fujimorismo y Alianza para el Progreso (APP) terminaron por blindarla con sus votos en contra y abstenciones.

La Comisión de Ética, a cargo de su colega Diego Bazán, investigará de oficio a Amuruz tras un respaldo unánime de todas las bancadas. Lo que podría salir de este proceso es que se proceda a aplicarle una suspensión o, en todo caso, que pueda recibir una amonestación pública como pasó con los legisladores que fueron denunciados de recortar los salarios de sus trabajadores.
“Acto bochornoso, y se lo digo a todos mis colegas, es si yo tuviera un acto de corrupción o si me estuvieron cuestionando por estar involucrada en un homicidio, si me denunciaron en algún aspecto, no es mi caso”, ha dicho Amuruz en más de una ocasión a la prensa sobre los severos cuestionamientos que hay en su contra.
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