Los intereses del Congreso detrás de sus intentos de destitución de los miembros de la JNJ

El último 18 de octubre, la Comisión de Justicia del Congreso aprobó, en una insólita sesión que se extendió a lo largo de todo el día, un informe final respecto a la moción N° 7565, un informe final sin terminar que plantea la remoción de los siete miembros que conforman la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por falta grave. La decisión fue, incluso, comentada por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el último miércoles.

Pese a ello, la respuesta por parte de la ciudadanía no ha sido del todo activa, por tratarse de una medida que, a simple vista, pretende afectar únicamente a la JNJ, pero que, según lo advertido por los especialistas Pedro Grández y Úrsula Indacochea, ambos en conversación con Infobae Perú, devendría en el primer paso para tomar el sistema de Justicia, así como otras instituciones que garantizan la democracia en el Perú.

¿Cuál es el plan real cuyo primer paso constituye la toma de la JNJ?

Infobae Perú consultó con la abogada especializada en temas de independencia judicial, Úrsula Indacochea, quien precisó que las intenciones del Congreso no son, primordialmente, la JNJ, sino al poder que esta tiene sobre otros órganos importantes.

“En orden de intensidad, los más afectados con la decisión de la Comisión de Justicia, no son necesariamente los miembros de la JNJ; porque los miembros van a ya están terminando sus mandatos. Si no que el impacto más importante, me aparece, está en el sistema de justicia y el sistema electoral”, afirmó Indacochea para este medio.

Según la abogada, por el lado del sistema de Justicia, esta decisión implica casos que “involucran a los líderes de las bancadas, o casos judiciales que podrían verse afectados”. “Si se instrumentaliza la JNJ, sería para presionar a los jueces y a los fiscales que están a cargo de esos casos”, aseveró.

Pero no solo eso, las decisiones del sistema electoral también se verían afectadas, pues “la Reniec y la ONPE tienen titulares cuyos mandatos van a ser renovados durante el primer semestre del próximo año”. “Una junta controlada políticamente va también a tener control político sobre dos de las tres instituciones del sistema electoral”.

En el caso de la tercera restante, que corresponde al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la afectación tendría que ver en la conformación de esta, pues “está formado por un fiscal supremo y un vocal supremo”. “También la decisión puede afectar al doctor (Jorge) Salas Arenas, que además de tener cautelares de las CIDH y todo tiene medidas provisionales de la Corte; y que lo han querido sacar hace rato”, reiteró.

Las implicancias posteriores no solo conforman las designaciones a priori, sino que al tener la JNJ el congreso tendría, indirectamente, “potestad disciplinaria sobre él (Salas Arenas), sobre la persona de la Fiscalía Suprema que integra el jurado, y también sobre los magistrados fiscales de todos los jurados electorales especiales del país y esa parte quizá no se ve mucho, no, pero es importante. Así, el Congreso estaría confirmando, digamos, esta imagen que ya varios tenemos que está actuando de forma prepotente, autoritaria y antidemocrática”.

Una votación irregular por parte de la Comisión de justicia

Para el especialista en derecho constitucional, Pedro Grandez, la decisión adoptada por Comisión de Justicia respecto al informe final, que finalmente fue aprobado a horas de la noche del miércoles y sin que haya sido redactado en su totalidad, constituye una “violación de procedimientos internos del Parlamento”. Según él, este detalle es “bien importante destacar”, pues no se ha dado nunca antes en la historia del país.

“No recuerdo un hecho parecido en el que haya una votación sin el informe. Eso de por sí viola el propio procedimiento del reglamento del Congreso. Y viola también el sentido mismo del Parlamento, donde se delibera, se discute, y se razona. Es una renuncia a todo eso que más o menos caracteriza a los Parlamentos democráticos”.

En cambio, afirmó que todo el hecho constituye un hecho “muy serio; sobre todo al negarse a someter a votación el informe que sí fue trabajado con incluso intervención de la defensa de los integrantes de la JNJ”. Ello, al pasar por alto cada una de las aseveraciones vertidas no solo por los mismos jueces, sino también por especialistas en el tema y otros miembros del sistema de Justicia en el Perú, como el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo.